La Junta desmiente a Sen y recuerda que lleva dos años haciendo el censo del lobo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha querido salir al paso de las declaraciones vertidas la semana pasada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que aseguraba que «no se habían hecho los deberes sobre el lobo». Sen se refería así a la obligación de la Consejería de hacer un censo regional para completar el nacional. «Solo cuando se tengan los resultados poblacionales de la especie se podrá tomar una decisión sobre rebajar o no su nivel de protección», decía el delegado, que añadía que «tenía constancia de que en Castilla y León ni se había empezado el censo, y que los guardas habían recibido hace escasa semana órdenes de empezar con los trabajos».

Ante estas afirmaciones, la consejería, que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura que Sen «falta a la verdad», porque «como así especificaba la estrategia nacional del lobo del año 2005, recientemente actualizada, los censos nacionales debían tener una periodicidad decenal». Explica que el último censo nacional fue en los años 2012-2014, y aclara que «actualmente la Junta ya ha finalizado los trabajos de campo, que llevan desarrollándose durante los dos últimos años, y durante estos próximos meses se realizará el análisis de los datos de campo y tendremos nuestra parte del censo regional».

Al mismo tiempo denuncian que «la coordinación de este censo por parte del ministerio no se está produciendo, teniendo que coordinarnos las propias comunidades autónomas».

Medio Ambiente cree que «posiblemente el Delegado confunda el censo del lobo, con el inicio del plan de captura y radiomarcaje del lobo, o con los trabajos que se llevan desarrollando estos últimos meses de formación en peritajes de daños, ya que es rotundamente falsa la afirmación que ha hecho».

Del mismo modo, sobre la catalogación del lobo quieren aclarar que la especie «no se incluyó en el Lespre por su tamaño poblacional, sino por sus valores culturales y ecológicos, en una decisión inédita y en contra de las comunidades autónomas que gestionaban el lobo, una decisión exclusivamente política a iniciativa de una asociación ecologista». También recuerdan que «se apoyó en la evaluación como desfavorable en su estado de conservación en el sexenio 20013-2018 por parte del Gobierno de España, elaborada sin consultar a las comunidades autónomas».

De hecho, el resultado del censo nacional del lobo 2012-2014, base para la elaboración del informe sexenal 2013-2018 junto con la información de seguimiento de la especie en Castilla y León en el citado sexenio, «suponía un incremento tanto en su tamaño poblacional como en su área de distribución respecto del sexenio 2007-2012, cuando el lobo se evaluó con un estado de conservación favorable. Es decir, con más lobos y con una mayor área de distribución, el lobo se evalúa como desfavorable cuando seis años antes fue favorable».

Lo que desde la Consejería creen que ahora plantea el delegado del gobierno, «es una salida política a la situación generada por el Gobierno, intentando agarrarse al resultado de los censos para justificar su marcha atrás en la inclusión del lobo en el Lespre y al incumplimiento que el propio Ministerio incurrió al modificar de forma unilateral los criterios de evaluación del estado de conservación del lobo en el sexenio 2013-2018».