El crimen de David Pérez destapa la precariedad en la lucha contra el narco

El asesinato de los guardias civiles, el leonés David Pérez y el gaditano Miguel Ángel González. arrollados el pasado viernes en el puerto de Barbate por una narcolancha ha abierto la caja de pandora sobre la situación de los medios humanos y materiales del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho.

Un asunto que ha puesto en la picota de nuevo al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, a quien la oposición y las asociaciones de policías y guardia civiles reclaman con fuerza su dimisión.

Entre otros motivos, le atribuyen su responsabilidad directa en el desmantelamiento en septiembre de 2022 de la unidad especial creada cuatro años antes para combatir a los clanes de la droga en el Campo de Gibraltar, llamado Ocon-Sur. Un grupo de unos 150 agentes de la élite del Instituto Armado que estuvieron acuartelados en el Puerto de Algeciras y que obtuvieron eficaces resultados tanto en el número de detenidos como en la droga incautada.

Además, ejercieron una presión de tal magnitud sobre los narcos en la costa gaditana que estos clanes tuvieron que emigrar a otras provincias andaluzas, Málaga, Sevilla o Huelva, e incluso al sur de Portugal para poder alijar la mercancía ilegal procedente de alta mar o del vecino Marruecos.

Sin embargo, de la noche a la mañana Ocon-Sur fue suprimido por Interior. Una decisión que generó bastante sorpresa porque ni los fiscales antidroga gaditanos, que trabajaron «codo con codo» con los uniformados en las investigaciones judicializadas, fueron informados del final de este órgano.

Así lo reconoció ayer el fiscal general Álvaro García Ortiz en una entrevista en Onda Cero. «No se nos comunicó», dijo. Pero, ¿por qué Grande-Marlaska suprimió este eficaz grupo de buenas a primeras? Fuentes de Interior explicaron que no fue desmantelado como tal, sino que los 150 agentes fueron recolocados en las unidades judiciales de las diferentes comandancias de las Guardia Civil de la zona, reforzando así su plantilla.

Pero detrás de esta decisión del ministro —añaden otras fuentes consultadas— estuvo un asunto mucho más espinoso: las sombras de sospechas sobre el liderazgo «personalista» del entonces jefe de Ocon-Sur, el teniente coronel David Oliva, su cercanía con algunos cabecillas del narco del lugar (ya fuera por cuestiones profesionales o personales) y las indagaciones que estaba llevando a cabo entonces la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil contra el citado oficial y sus «amistades peligrosas».

Estas pesquisas fueron abiertas como una pieza separada en una causa mayor que un juez de la Audiencia Nacional seguía contra un clan de narcos en la denominada ‘operación Varea’, que dirigía el propio Oliva.

La operación estalló en diciembre de 2022 con la detención del agente J. A. B. P. en Algeciras. Lo acusaron de revelación de secretos.

Los tres agentes implicados se enfrentan a dos delitos de revelación de secretos y uno de cohecho, según han confirmado fuentes judiciales.

En tres días, los tripulantes de la narcolancha que arrolló y mató a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) han pasado de los vítores y los aplausos a los gritos de criminales y asesinos. Ninguno de los chavales que los jalearon el viernes -»cuatro mataos», en palabras de un barbateño que fue testigo- los esperaba ayer a las puertas del juzgado. En su lugar, una decena de mujeres los recibió expresando en un adjetivo el dolor de toda una sociedad.

Tras una jornada de interrogatorios que se prolongó hasta la noche, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate decretó el ingreso en prisión provisional de los seis tripulantes de la narcolancha, entre ellos Kiko el Cabra, que supuestamente era quien la pilotaba. Los otros dos arrestados, a los que se investiga por ir a recoger en coche a Sotogrande a los implicados en el crimen, quedaron en libertad con cargos.

La jueza se ha apoyado en el atestado que le entregó a primera hora de la mañana la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, en el que se reconstruye la dinámica del suceso y la posterior huida de los ahora detenidos, para calificar los hechos de asesinato. En concreto, se les imputan dos delitos consumados de asesinato y otros cuatro en grado de tentativa

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha abierto un expediente para investigar penalmente a las personas que vertieron expresiones y mensajes en los vídeos subidos a las redes sociales mientras una narcolancha embestía en Barbate a una embarcación de la Guardia Civil, causando la muerte de dos agentes.

En un comunicado, la Fiscalía explica que el expediente gubernativo se inicia por considerar que concurren motivos que lo aconsejan y justifican, tras el informe presentado por la Unidad de Policía Judicial Adscrita a la Fiscalía de Andalucía en el que se analizan frases, mensajes y expresiones que acompañan a los vídeos subidos a las redes sociales.

La trayectoria del guardia civil asesinado en Barbate está llena de éxitos. El último antes de ser asesinado por los narcos en el Estrecho de Gibraltar, la operación que llevó a la cárcel a la banda en la que supuestamente está implicado Antonio Tejado, sobrino de María del Monte.

David fue quien irrumpió en el piso de El Ruso, uno de los cabellizas de la banda. Su actuación fue esencial para desmantelar este peligroso grupo que habría robado joyas incluso en la casa de la tonadillera.

Lo ha contado el excompañero de David Álvarez, el televisivo Jorge Pérez, en el programa Al día, donde colabora: «Su intervención fue muy intensa en este caso», dijo el agente, quien declaró su repeto por lo que ha considerado un amigo dentro de los GAR donde también él había sido destinado. Gracias a la intervención del grupo de agentes entre los que se encontraba David Pérez, el sobrino de la cantante María del Monte, Antonio Tejado, fue una de las seis personas enviadas a prisión por un juzgado de instrucción de Sevilla acusadas de pertenecer a una organización dedicada a robos con violencia.