Los regantes del Páramo Bajo exigen que se mantenga la exención del pago por el coste energético de subir agua de Villalobar
Los regantes afirman que la CHD pretende hacerles pagar su «mala gestión» en la compra de la energía en el año 2022
La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora exige a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que cumpla los acuerdos de 1995 que les eximían de pagar el coste energético de la elevación del agua en Villalobar. De lo contrario, como pretende hacer CHD, convertiría sus explotaciones en inviables.
El presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, con el objeto de «no confundir» a la opinión pública, hace un repaso histórico a todo este proceso. Asegura que esta Comunidad desde el año 1985 «siempre luchó por el pantano de Las Omañas, pero el Gobierno socialista de la nación en 1990, por presión de grupos ecologistas y motivos medioambientales, desechó la construcción de este pantano cuyo proyecto ya estaba licitado y adjudicado con carácter provisional, planteándose a esta Comunidad una alternativa consistente en una elevación de la aguas desde el río Esla, con la construcción de una estación de bombero en Villalobar».
Medina subraya que la Comunidad de Regantes «se opuso rotundamente a este cambio, pero el entonces Gobierno socialista a través de diferentes miembros como el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrel, el Secretario de Estado para Políticas de Agua y Medio Ambiente, Vicente Albero, el director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás, el presidente de la CHD, José María de la Guía, el secretario provincial del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y los procuradores socialistas en las Cortes de Castilla y León, Jaime González y Antonio Losa, tras varias reuniones con los representantes de la Comunidad de regantes, proponen como única alternativa la elevación. O eso o nada». Y adoptan, continúa explicando Medina, un compromiso político del Gobierno de España con la Comunidad de Regantes que se plasma en una resolución dictada por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José María de la Guía, el 24 de octubre de 1995, donde literalmente se recoge «que no ha lugar a la repercusión de los costes del consumo energético y gastos de mantenimiento y reposición que genere la elevación desde el azud del río Esla hasta el canal de transporte del agua», indicándose además que «los recibos de la energía consumida serán satisfechos por este Organismo de Cuenca sin repercusión económica alguna en los usuarios de la zona regable, resarciéndose la Confederación Hidrográfica del Duero de los gastos que origine mediante los ingresos que obtenga de los derechos económicos a generar por la concesión del salto hidroeléctrico de Sahechores».
Medina afirma que de no haber sido así, «la Comunidad de Regantes jamás hubiese aceptado» la propuesta, ya que hacerse cargo de los gastos de energía, mantenimiento y reposición puesto que «serían tan elevados que no hubieran sido económicamente viables para esta zona».
Historia
Recuerda que para llegar al acuerdo, los miembros del Gobierno de España «se comprometieron y manifestaron reiteradamente que nunca se repercutirían en los regantes los costes de consumo energético, mantenimiento y reposición de la estación de Villalobar, como consta en el historial de la Comunidad de Regantes, medios de comunicación, diarios de sesiones de las Cortes de Castilla y León..., asumiéndose unos compromisos políticos que se plasmaron y firmaron en la citada resolución de 1995».
Casi 30 años, con más de nueve presidentes del organismo de cuenca «que han respetado los acuerdos y compromisos firmes adoptados por el Gobierno socialista en 1995 que se plasmaron en citada resolución, es ahora, precisamente con los socialistas en el Gobierno, cuando se incumple la misma y se nos presenta una Tarifa de Utilización del Agua para el ejercicio 2024 que no solo incluye los gastos de la energía, sino también los de mantenimiento y reposición de la Estación de Villalobar», señala el presidente de la Junta de Gobierno del Páramo Bajo. «No entendemos la pretensión de la presidenta de CHD cuando dice que no pretende cobrarnos la energía eléctrica pero, sin embargo, nos ha presentado una tarifas para 2024 que incluyen los gastos de energía, mantenimiento y reposición de Villalobar, desestimándonos las alegaciones que presentamos a las mismas y obligando a esta Comunidad a presentar reclamación ante el TEAR. Si bien dice, y es cierto, que el salto eléctrico de Sahechores está ligado a la estación de bombeo de Villalobar, no entendemos cómo puede ser que produciendo Sahechores más del doble de la energía que consume Villalobar, pueda entrar en pérdidas».
Desde el Páramo sospechan que el cambio de criterio por parte de la CHD para dejar sin efecto la resolución de 1995 responde a la «mala gestión que llevó a cabo en el año 2022, cuando el gasto energético de la estación de Villalobar pasó de dos millones de euros en el ejercicio anterior a más de diez millones y medio, lo que ha desencadenado la alarma en la Confederación». Desde la Comunidad de regantes no se explican «cómo puede ser que nosotros bombeando los mismos hectómetros cúbicos que ellos hayamos tenido un gasto energético en el año 2022 inferior a los dos millones de euros comprando la luz a siete céntimos el Kwh, y ellos hayan pagado más de diez millones y medio pagando a 43 céntimos el kwh, cuando ellos bombean a una altura de 50 metros y nosotros a 55». En este sentido, subrayan que la gestión de CHD «ha sido pésima» y consideran que su presidenta «debe exigir responsabilidades a quien haya hecho esa gestión tan nefasta», en lugar de hacer pagar a la Comunidad de Regantes «las consecuencias» de la misma.
Por otra parte, la Comunidad de Regantes del Páramo bajo recuerda que el pasado 21 de febrero de este 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular que contó con los votos a favor de los procuradores del Grupo Mixto, de UPL-Soria Ya, y de Vox, con la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Podemos, para pedir al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que mantenga el compromiso histórico de la resolución de 1995 y el criterio que recogía la misma.
En este sentido, el Páramo Bajo, responde a lo manifestado ese día por el procurador socialista Javier Campo, dejándole claro «que no gozamos de ningún privilegio en relación a otras comunidades de regantes. Siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones. Desde el inicio somos la comunidad que más hemos pagado por hectárea a Confederación de todas las comunidades de regantes de la Junta de Explotación del Esla-Valderaduey», afirma Medina.
Además recuerdan su compromiso con el ahorro del agua,siendo la primera comunidad que modernizó su zona regable, pasando en 2010 de regar por regueros de tierra a modernizar todas sus infraestructuras, pasando de consumir 8.000 metros cúbicos por hectárea a 5.500, lo que supuso «una inversión por parte de nuestros jóvenes agricultores de más 120 millones de euros en amueblamientos».
"un atropello"
Subrayan que, precisamente, la resolución de 1995, «fue lo que nos llevó a afrontar al modernización. Ahora solo pedimos que se respeten y se cumplan los acuerdos». De no ser así, «hacen inviables económicamente nuestras explotaciones agrícolas y ganadera, afectando a más de 1.000 jóvenes de 39 localidades del sur de León y el norte de Zamora, que han elegido quedarse en la agricultura».
Por último, Herminio Medina deja claro que «no vamos a permitir que se incumplan unos compromisos firmes adoptados con nosotros por el Gobierno en su día, y que supusieron el desarrollo del Páramo Bajo. En caso contrario ejerceremos todas las acciones legales oportunas, así como manifestaciones, reivindicaciones y encierros que sean necesarios. No vamos a permitir este atropello».