La conclusión del juicio no fue el final: un año a la espera de la sentencia de la Vasco

Hace ahora un año quedaba visto para sentencia el juicio que deberá determinar las responsabilidades en el accidente que causó la muerte de seis mineros, y lesiones permanentes a otros nueve, el 28 de octubre de 2013, a las 13.24 horas, en Llombera de Gordón. Un escape de grisú de enormes dimensiones invadió la Planta 7ª Este del macizo 7º del Pozo Emilio del Valle, en el Grupo Tabliza de la Hullera Vasco Leonesa. La vista oral tardó más de nueve años en poder realizarse, y ahora se suman otros doce meses a la espera de las conclusiones del Juzgado de lo Penal 2 de León. Ya más de una década de trámites jurídicos interminables que las familias y los abogados de las víctimas consideran difícilmente explicable.

El 30 de marzo del año pasado quedaba visto para sentencia el caso, después de que durante 25 larguísimas sesiones, repartidas en dos meses de vista oral, una veintena de abogados de las acusaciones y las defensas, además del fiscal, interrogasen a casi un centenar de personas. Tras los 16 acusados declararon 34 testigos de las acusaciones, 19 de las defensas y 29 peritos.

Interrogatorios que estuvieron marcados por la insistencia de acusaciones y defensas en desentrañar cuestiones técnicas de difícil comprensión para profanos en la materia, una circunstancia que testigos y peritos utilizaron también para complicar, con la jerga especializada, los argumentos de las partes.

Lo único que quedó claro tras horas y horas de declaraciones es que no hay una interpretación única sobre qué ocurrió el día del accidente, ni si las ‘señales’ que se habían dado en las jornadas anteriores eran las propias de la condición de la mina (peligrosa, de tercera categoría) o advertían de un peligro que no se tuvo en cuenta.

Lo cierto es que el 28 de octubre de 2013, en el taller donde trabajaban el picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años, la mina soltó «un bufido» de grisú de tales dimensiones que, a pesar de su experiencia, no les permitió siquiera colocarse sus autorrescatadores. El oxígeno desapareció de manera inmediata y su muerte fue prácticamente instantánea. Durante horas la mina escupió 19.000 metros cúbicos de metano, y las defensas argumentaron que frente a este hecho ninguna medida que se hubiera tomado habría sido efectiva.

Al final el fiscal mantuvo las peticiones de prisión para Antonio del Valle Alonso, Arturo del Valle Alonso, Aurelio del Valle Jover, Mario Calvo Herce, José Eliseo Solís Álvarez, David Toribio Fernández, Javier Martínez Rico, Jairo Gómez Bartolomé, José Marcos Ulecia Román y José Carlos García Jarrín. Y retiró las acusaciones contra los vigilantes Carlos Conejo Lombas, Andrés Rodríguez Cuesta, Alberto Rivero Fernández y José Ramón González Fernández. Para Alberto Fernández Díez ya había pedido el sobreseimiento. De todos ellos considera que no queda probado que tuvieran relación alguna con la causa del accidente.

El fiscal considera que la invasión de grisú «no fue imprevisible ni inevitable», sino consecuencia de una actuación inadecuada de la dirección y los técnicos de la hoy desaparecida empresa minera. Considera que pese a los indicios que advertían de la peligrosidad de la explotación no se tomaron las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores. Y que más allá de determinar si la invasión de grisú se produjo por un desprendimiento instantáneo o fue un derrabe gaseado o caída de bóveda, existían señales claras de alarma: la bóveda no hundía, el nivel de metano era alto y obligaba a continuas salidas de los trabajadores, y los problemas eléctricos eran recurrentes, lo que incidía directamente en la ventilación del taller.

Aunque reconoció que las pruebas testificales no habían sido concluyentes, sí atendió a los argumentos de preocupación entre los trabajadores. Además de un error topográfico que se puso de manifiesto reiteradamente durante el juicio, aunque no tanto su trascendencia para que las labores resultaran especialmente peligrosas.

Durante el proceso se constató que la Hullera Vasco Leonesa cumplía todas las exigencias en normativa de seguridad, y había pasado las preceptivas auditorías. Para las acusaciones, todo ello resultó insuficiente para evitar el siniestro, y se ignoraron las señales que hacían prever un accidente.

Tampoco se demostró en la vista oral que los trabajadores trasladasen su inquietud a ninguno de los órganos de representación sindical o de seguridad.

El caso es que el último gran accidente en la provincia de la extinta minería del carbón sigue sin resolverse. Eso sí, un acuerdo permitió que al menos las familias cobrasen (nueve años después) las indemnizaciones que reclamaban. Cuando el Juzgado de lo Penal leonés resuelva el proceso no habrá finalizado. Los recursos mantendrán viva la gran herida con la que se cerró la historia de la minería del carbón en León.