La Junta busca la fórmula para regular más de 1.800 hectáreas de montes en el Esla y el Porma

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha aprobado los planes dasocráticos de los Montes de Utilidad Pública (MUP) de las riberas del Esla y del Porma a lo largo de 25 municipios con el fin adoptar un modelo productivo de gestión sostenible a través de la ordenación de los usos y aprovechamientos de los recursos generados por estos terrenos, que ocupan 1.853 hectáreas.

El procedimiento, que afecta a una parte del territorio que comprende a veinte ayuntamientos del Esla y otros cinco del Porma, pretende también organizar a corto plazo los tratamientos selvícolas para adecuar estas masas forestales a los usos que les correspondan así como contribuir «al desarrollo rural sostenible y al aumento de la biodiversidad y de los valores ecológicos de la zona».

El Servicio Territorial de Medio Ambiente ha sido el encargado de supervisar estos planes, que estarán vigentes hasta finales del año 2039 y que afectan a MUP propiedad de la Junta de Castilla y León que están ocupadas por choperas para aprovechamiento maderable y por zonas pobladas por vegetación natural que cumplen una función protectora que se considera clave en la conservación de hábitat de las riberas.

Entre los datos que se barajan en los documentos figuran que las masas dedicadas a choperas, que superan las 860 hectáreas en total, pueden llegar a generar unos 130 empleos directos al año en la zona, sin tener en cuenta los que se generan de forma indirecta. Este volumen de puestos de trabajo se refiere tanto a las labores de aprovechamiento del monte, que se cifran en un empleo por cada 1.500 m3 de madera, como a las labores de mejora planificadas para el terreno.

La nueva gestión de estos montes abordará la mejora de las masas forestales a través de la organización de las actuaciones previstas para el territorio y mejorando tanto su estado fitosanitario como productivo. En los planes se prevé instaurar «un modelo de explotación sostenible y rentable que incluya una mínima trazabilidad de sus productos», así como el «mantenimiento de zonas de reserva y rodales naturales de alto valor de conservación».

Los planes recogen que las actuaciones previstas están encaminadas a «asegurar el desarrollo y persistencia del arbolado existente, además de su mejora en la medida que sea posible», un objetivo que se abordará mediante la adopción «de una correcta ordenación de los recursos forestales a través de un modelo de gestión sostenible que, además de fomentar los usos actuales y unas prácticas selvícolas adecuadas, permita la conservación de la biodiversidad, poniendo en valor los recursos y su equilibrio y consiga la máxima rentabilidad económica y rendimiento posible».

No se descartan otros usos productivos, siempre que sean compatibles con el aprovechamiento actual.

Los planes también hacen referncia a las 950 hectáreas de vegetación natural de ribera de estos montes, que «se mantendrán sin intervención, al menos que exista un riesgo para la masa». Así, se especifica que se intenterá mantener y potenciar el nivel de biodiversidad vegetal existente en cada zona.

Otro punto recogido en los documentos es enfatizar que la presencia de vegetación arbórea implica que el monte es capaz de absorber CO2, «lo que en un futuro puede llegar a suponer la generación de rentas ante la importancia de la fijación del CO2 en la lucha contra el cambio climático».

Cabe recordar que las especies del género Populus se encuentran entre las más eficaces en la fijación del carbono atmosférico. Se estima que las choperas reciclan anualmente 15 toneladas de CO2 por hectárea, por lo que los terrenos sometidos al aprovechamiento en ambas riberas fijan más de 13.000 toneladas de CO2 al año. Además, la protección ejercida de manera indirecta sobre los bosques naturales permite a éstos erigirse también en depósitos de carbono, como recuerda la propia consejería en un manual de populicultura publicado en 2019.