La Junta, desbordada con la usurpación de pastos por la sobresaturación de la burocracia con la PAC

La denuncia interpuesta por dos propietarios de Buiza de Gordón por la utilización de sus fincas sin su autorización por parte de varios ganaderos de la zona para cobrar los derechos de la PAC, ha puesto de manifiestos la facilidad para tramitar este tipo de ayudas.

Estos ganaderos, que ya han sido identificados por la delegación territorial de la Junta en León, información también remitida al juez, han presentado en los años 2022 y 2023 una serie de fincas propiedad de los denunciantes en sus declaraciones a la PAC con el objetivo de cobrar las ayudas correspondientes sin contar con el título legítimo de la propiedad ni con la autorización de los propietarios.

Al parecer este tipo de práctica presuntamente fraudulentas no son un hecho aislado.

Fuentes de la delegación territorial de la Junta en León han explicado que, efectivamente, en la solicitud de los derechos de la PAC se declararán todas las parcelas que conforman toda la superficie de la explotación y que estén a disposición del titular de la misma, ya sea en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o asignación de superficies comunales por parte de la entidad gestora de las mismas, según se estipula en el Artículo 26 de la Orden del 29 de enero de 2024 de la Consejería de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural por lo que se convocan intervenciones en forma de pagos directos.

No se exigen justificantes

El problema, según reconoce la propia administración, es que en la tramitación «no se exige la documentación que justifique la propiedad o el derecho de uso de todas las parcelas incluidas», y admite que «sería materialmente imposible la gestión de semejante cantidad de documentación». Sin embargo, explican que «todas las solicitudes pasan por diferentes controles administrativos, entre ellos un control de parcelas a disposición del agricultor o ganadero». Además, desde la Junta se asegura que «un porcentaje de expedientes establecido deben presentar la documentación que justifica el derecho de uso de las parcelas que incluyen en su solicitud». También se incluyen en este control determinadas fincas que han sido notificadas por los propietarios. «En todos los casos, si no se dispone de documentación acreditativa del derecho de uso, las parcelas son dadas de baja en la solicitud y pueden ocasionar penalizaciones», afirman desde la Junta. En el caso de propietarios que tienen conocimiento de que sus parcelas han sido indebidamente incluidas en la Solicitud Única y presentan ante la Junta una solicitud para que estas parcelas se excluyan, desde la delegación territorial se actúa según la Instrucción de la Dirección General de la PAC, «pidiendo documentación al declarante de las parcelas y en caso de no disponer de ella, incluyendo las parcelas en controles administrativos o en el fichero de bloqueo de parcelas para años sucesivos».

Respecto a la tramitación de las ayudas, la Junta asegura que «todas las solicitudes de la PAC son presentadas y pasan por los mismos filtros administrativos, independientemente de que las presente el interesado en un sindicato agrario, un gestor o una entidad bancaria. No por presentarse a través de una entidad bancaria tienen un tratamiento distinto ni se les exige una documentación distinta».

El Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido recientemente un informe sobre los riesgos de fraude que afectan a la PAC y evalúa la respuesta de la Comisión Europea para afrontar estos casos. Los auditores concluyen que la Comisión ha respondido a casos de fraude en el gasto de la PAC, pero que debería ser más proactiva a la hora de abordar determinados riesgos de fraude, como el «acaparamiento ilegal de tierras». Los defraudadores pueden aprovechar las insuficiencias en los controles de los Estados miembros, por lo que los auditores también recomiendan que la Comisión supervise mejor las medidas nacionales de lucha contra el fraude, proporcione orientaciones más concretas y promueva el uso de nuevas tecnologías para prevenir y detectar el fraude.

El informe destaca que el «acaparamiento de tierras» puede implicar prácticas fraudulentas, como la falsificación de documentos, la coacción, el uso de influencias políticas o de información privilegiada, la manipulación de procedimientos o el pago de sobornos. Las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las autoridades nacionales han puesto de manifiesto que las superficies agrícolas más expuestas a este tipo de actividad fraudulenta son tierras de titularidad pública o tierras privadas con una propiedad poco clara. Los defraudadores también pueden intentar adquirir tierras, legalmente o no, con el único fin de recibir pagos directos, sin llevar a cabo ninguna actividad agraria.

El riesgo es mayor en determinadas zonas de pastos y montañosas, donde es más difícil para los organismos pagadores comprobar que la actividad agraria requerida, como el pastoreo, realmente se lleva a cabo.

Los auditores también recomiendan que la Comisión adopte las medidas necesarias para mitigar los principales riesgos de fraude y promover las oportunidades que ofrece la tecnología (por ejemplo, la extracción de datos, el aprendizaje automático, las imágenes por satélite y la (fotointerpretación) en la lucha contra el fraude, animando a los Estados miembros a avanzar en esta dirección.