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El Gobierno publica la rebaja de un 15% del IRPF para 800.000 agricultores

Tiene en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias que afectaron a la rentabilidad

Imagen de un tractor realizando labores agrícolas en la provincia de León. JESÚS F. SALVADORES

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Agencias

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen los índices de Rendimiento Neto y la reducción general aplicables en 2023 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el denominado sistema de módulos, para 800.000 agricultores y ganaderos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de minoración de dichos índices y tiene en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2023.

Con la publicación de esta orden, el Gobierno continúa dando cumplimiento a las medidas acordadas para dar apoyo a los agricultores y ganaderos, al establecer una reducción generalizada del 15% en el rendimiento neto, a la que se añade la minoración de entre el 30 y el 80% ciento en los sectores más afectados por las adversidades climáticas, y el mantenimiento de las minoraciones por la compra de gasóleo agrícola (35%) y fertilizantes (15%).

La orden establece una reducción general del rendimiento neto del 15% a la que podrán acogerse los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos. Determinados sectores se benefician además de reducciones específicas, que son del 80% en el caso de la castaña, 50% para los cereales, leguminosas, olivar y la apicultura, y del 30% para uva de vinificación y sectores ganaderos en régimen extensivo. Se estima que el conjunto de las reducciones contempladas en la orden publicada hoy supone una rebaja de la base imponible del orden de 1.750 millones de euros.

Además, se mantienen las reducciones de los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos de regadío que utilicen energía eléctrica. Concretamente se establece en un 0,5 el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50% del importe de los productos alimenticios consumidos, y se aplica tanto a los sectores ganaderos intensivos como a extensivos. El índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica se reduce a 0,75.

La Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja de León se mostró «satisfecha» con la revisión anual de los módulos fiscales de la agricultura y la ganadería «debida a la menor rentabilidad por la climatología y otras circunstancias excepcionales», pero solicitó que «se eleve por encima de los 250.000 euros la facturación máxima que permite estar en este régimen fiscal y no tener que encuadrarse necesariamente en el de estimación directa», señalan.

En primer lugar, Asaja celebró la reducción general del 15% sobre el rendimiento neto de módulos, que inicialmente estaba en el diez por ciento, y señaló que esta medida es una de las negociadas con el ministerio de Agricultura con motivo de las movilizaciones agrarias.

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León (UCCL) ha calificado de «incongruentes» e «injustos» los criterios utilizados por el Ministerio de Hacienda para establecer la reducción de módulos fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales como la sequía.

La organización agraria exige una modificación urgente en el sistema empleado por el Gobierno para aplicar la reducción de módulos fiscales, al considerar que el método empleado genera agravios comparativos entre agricultores y ganaderos según el término municipal en el que se encuentren el afectado, e incluso las parcelas.

Por este motivo, UCCL pide que no se queden excluidos de la reducción municipios que han sufrido los mismos daños que otros limítrofes, porque sus profesionales agrarios no den parte de incidencias de seguros o incluso no aseguren parte de su producción.

UCCL

Califica de «incongruentes» e «injustos» los criterios utilizados

Asaja

Se muestra satisfecha, pero pide que se eleve por encima de los 250.000 € la facturación máxima
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