El Defensor del Pueblo pide que los servicios bancarios sean declarados de interés general
La petición, registrada en el Congreso, busca acabar con la exclusión financiera que en León afecta a 60.000 habitantes
Editorial: Una exclusión injusta y dañina
El informe incide en que la brecha digital dificulta el acceso a determinados accesos bancarios. MARÍA FUENTES
Personas mayores, habitantes de las zonas rurales, la brecha entre unos servicios bancarios de calidad, accesibles y cercanos y un determinado segmento de la población, es cada vez mayor en España.
Para poner coto a esta realidad que condiciona la vida a miles de personas, el Defensor del Pueblo, ha propuesto al Gobierno declarar algunos servicios económicos de interés general, como la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios, así como garantizar la existencia de un cajero y oficina en núcleos poco poblados. Así se desprende del informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables que ha presentado al Congreso la institución dirigida por Ángel Gabilondo.
Castilla y León es actualmente la autonomía más afectada por la exclusión financiera. Un total de 239.228 personas residentes en 1.422 localidades de la Comunidad carecían de acceso a servicios bancarios a finales de 2022, lo que supone el 48,3% de los afectados y el 50,8% de los municipios de España que lo sufren (494.916 vecinos de 2.797 poblaciones, en total).
En la provincia de León son 57.863 las personas, residentes en 131 municipios, que no tienen acceso a ninguna entidad bancaria.
El Defensor del Pueblo justifica la adopción de estas medidas en las dificultades que suponen para ciertos colectivos realizar operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener dinero en efectivo o realizar una transferencia.
A juicio de la institución Defensor del Pueblo, a pesar de que la actividad bancaria es un servicio básico —potenciado por el incremento de los pagos por medios digitales— el modelo vigente de atención al cliente ha de «ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables».
Para elaborar las conclusiones y recomendaciones de este informe, el Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico desde distintos enfoques —regulación, proyectos legislativos, iniciativas de autorregulación del sector bancario— y ha examinado la operatividad de la atención bancaria y el acceso a efectivo, el servicio proporcionado a las personas con necesidades especiales, las cuentas de pago básicas, y la situación de la formación financiera y para la adaptación de los cambios tecnológicos de la población.
Por lo que se refiere a la paulatina desaparición de oficinas bancarias en núcleos rurales y en la España menos poblada, el Defensor del Pueblo considera que el proceso de cierre de la última sucursal o del último cajero de una población requiere de un riguroso análisis de impacto y de la proposición de alternativas para evitar que los ciudadanos queden desasistidos sin poder hacer uso de servicios bancarios.
En esta línea, también aconseja asegurar que el despliegue de la red de oficinas con asistencia presencial y cajeros salvaguarde la competencia entre las entidades, fomentando modelos de gestión multimarca allí donde la concurrencia de los operadores económicos no la garantice. Asimismo, recomienda crear un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, y la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares.
El Defensor también señala la importancia de desarrollar planes de educación financiera y ha recomendado al Gobierno que incluya en el Plan Estatal de Educación Financiera 2022-2025 y en los planes posteriores que se aprueben, apartados y estrategias específicos dirigidos a las personas mayores, colectivos afectados por la brecha digital, por la despoblación del medio rural y así como a otros colectivos vulnerables.
Abrir una cuenta o sacar dinero, una ‘odisea’ para mayores, extranjeros y población rural
Las quejas recibidas en la institución sobre este asunto en la última década —3.475— reflejan que operaciones cotidianas y necesarias para el desarrollo de una vida normalizada como abrir una cuenta corriente, obtener dinero en efectivo o realizar una transferencia, se convierten a veces para ciertos colectivos en tarea no exenta de dificultad. A juicio de la institución Defensor del Pueblo, a pesar de que la actividad bancaria es un servicio básico -potenciado por el incremento de los pagos por medios digitales- el modelo vigente de atención al cliente ha de ser optimizado por presentar lagunas que afectan, sobre todo, a los usuarios más vulnerables.
El Defensor del Pueblo ha identificado en su informe que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores —por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas al mantenimiento de sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades—; las personas extranjeras —por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias—; los habitantes del mundo rural y la España vacía —por el imparable cierre de sucursales bancarias—; las personas con discapacidad —por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y por otros problemas vinculados a la accesibilidad universal—, y colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.