La Junta firma el acuerdo que mejora las condiciones de los agentes ambientales

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y los sindicatos Uscal, UGT y CCOO firmaron este martes un acuerdo donde se plasman las mejoras que tienen que ser implementadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad, el cual será remitido este miércoles a Función Pública. Una propuesta de la que se ha descolgado finalmente CSIF, al entender que se trata de un «documento vacío con el que no soluciona la problemática del sector», señalaron.

En ese sentido, el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, detalló que dicho acuerdo determinará mejoras retributivas «sustanciales y cualitativas», con incrementos en niveles y en el complemento específico de las distintas categorías del cuerpo, así como el compromiso para que la Consejería, a la hora de elaborar la solicitud y propuesta de oferta de empleo público, haga una petición anual de creación de 150 plazas, que determinará, finalmente, la Consejería de la Presidencia para «conseguir que toda la RPT esté cubierta por personal funcionario».

Además, indicó que se ha llegado a un «acuerdo relevante» para mejorar la interlocución de la Consejería con los sindicatos firmantes, por lo que se ha formado un grupo de trabajo que se reunirá para analizar todos los aspectos relevantes de carácter funcional del colectivo. Es decir, determinar las modificaciones normativas habría que realizar o el reglamento de los agentes, que tiene 22 años de antigüedad, mejoras sobre la especialización del cuerpo y otras serie de aspectos que afectan al trabajo diario en Castilla y León, desgranó.

De esa forma la nueva RPT propuesta estaría formada por 971 agentes medioambientales, un colectivo que, a día de hoy, cuenta con cerca de 800 como funcionarios. La vocación de la Junta es llegar a 971 funcionarios fijos en el cuerpo con «una especialización adecuada y siendo tratados mejor desde un punto de vista de niveles y complementos».

Suárez-Quiñones trasladó que se trata de un acuerdo que «ha costado varios meses trabajar», porque se han producido renuncias entre los integrantes y firmantes «en favor de llegar a una postura común», quien puso en valor el trabajo y la labor que realiza el colectivo en la Comunidad, de la mano de unas funciones vitales en torno a la naturaleza, además de agradecer el trabajo y el diálogo realizado por los diferentes sindicatos.

De la firma se descolgó el sindicato CSIF, ya que calificaron el documento como una «servilleta de bar», al tratarse del «primer documento de la historia de la Junta que no tiene una fecha de aplicación y que no cumple con ninguna garantía jurídica», afirmó la delegada del sindicato, Sara Mateos, quien añadió que se establece como un «documento vacío con el que no soluciona la problemática del sector».

Dijó que desde CSIF, como primera fuerza sindical dentro de los funcionarios, se ha decidido no firmar el acuerdo, al asegurar que es el «sentir de los agentes medioambientales», porque «se deben a ellos».

En ese sentido, recordó que la Consejería ha presentado una propuesta en la que se van a eliminar 85 plazas de agentes medioambientales y forestales, razón por la que se tuvieron una serie de reuniones entre la Junta y los sindicatos desde el mes de febrero para tratar estas cuestiones, pero, «en ningún momento, se ha dado la opción de mantener los puestos de trabajo», aunque se llegaron a hablar de ciertas mejoras «escasas».

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), y el portavoz parlamentario del PSOE en esta materia, José Luis Vázquez, han cruzado este martes reproches, con referencias a mutuas «mentiras», sobre el operativo contra incendios que funcionará este verano en los montes y campos de la Comunidad.

El consejero ha aportado datos sobre los registros de incendios forestales registrados en lo que va de año, con un descenso en el número de fuegos del 30 por ciento respecto a la media de los últimos años y del 66% respecto al mismo periodo de 2023, al haberse quedado únicamente en 163, de los que el 77% han sido conatos —no llegaron a la hectárea de extensión—.

Suárez-Quiñones ha detallado que en lo que va de año han ardido 1.054 hectáreas de terreno, el 63% menos que la media de los últimos diez años a estas alturas y el 47% menos respecto al pasado año hasta el 15 de mayo. En el caso de los incendios que han afectado a masa arbolada, el consejero ha detallado que han sido 36 las hectáreas arrasadas.

Ha sido en el debate de una interpelación sobre extinción de incendios formulada por Vázquez ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, donde ambos han defendido argumentos antagónicos sobre el operativo.

Uno de los puntos en los que han chocado ha sido sobre la existencia o no de unas directrices por parte del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la elaboración de los planes de emergencias y sobre si esto es o no motivo para que el Plancal de Castilla y León no se haya reformado aún.

También han elevado el tono al referirse a las condiciones de trabajo del personal que integra el operativo, ya que mientras el socialista ha hablado del «dispar tratamiento» laboral existente entre los empleados públicos y las condiciones de «semiesclavitud» de los contratados por empresas privadas, el consejero ha defendido que la mayor parte de los contratados son públicos (entre funcionarios y contratados por empresas públicas).

Sobre el preacuerdo alcanzado por la Consejería con los sindicatos Uscal, UGT y CCOO —CSIF no lo ha firmado— este mismo martes, sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Cuerpo de agentes medioambientales, el consejero ha defendido su importancia para mantener al operativo como «uno de los mejores que hay en España ahora mismo».

«Es un fenómeno», ha sentenciado el procurador socialista, crítico con que el consejero haya conseguido romper la unidad sindical en esta materia, aprovechándose en su opinión de las «condiciones precarias», ya que son «los peor tratados del país».

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló que las últimas lluvias y la humedad «son una buena noticia» de cara a la campaña de incendios forestales, ya que implica que el «leño y el interior de los árboles sea más resistente» y pueda producirse un escenario mejor al vivido en 2022, aunque sin dejar de lado las «dudas e incertidumbres de los excesos climáticos» y los cambios de dinámica que pueden producirse.

Durante la firma de un acuerdo con sindicatos para la mejora de las condiciones de los agentes medioambientales, Suárez-Quiñones destacó que «ahí fuera hay un conjunto de personal público, tanto laboral como funcionario, trabajando por proteger nuestro medio natural y la vida de las personas». Todo ello gracias a un «esfuerzo inversor, de incrementos de estructura, de tiempos de trabajo y de mejora de material», añadió el consejero de Medio Ambiente.