La Junta defiende la contratación de los veterinarios privados para saneamiento

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha dado por buena la proposición de ley de modificación de la Ley de Sanidad Animal, que permitirá a los ganaderos contratar directamente a veterinarios privados para la realización del saneamiento ganadero, y ha desdeñado las críticas al respecto lanzadas por el Sindicato de Veterinarios (Sivecal).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las críticas al texto por parte del sindicato, Carriedo ha manifestado que la Junta tiene «mucha confianza» en los profesionales veterinarios que realizarán estas funciones, porque «lo van a hacer muy bien», por lo que ve garantizada la sanidad animal y la salud pública.

El portavoz ha argumentado que la Junta quiere respaldar los productos de «máxima calidad» de la Comunidad y que lleguen a los mercados con éxito.

Este jueves, un día antes de que se apruebe la proposición de ley registrada por el PP y Vox en las Cortes, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal) ha rechazado la modificación al entender que con la liberalización de la actividad «rebajará la calidad y credibilidad» de los programas de saneamiento ganadero. En un comunicado, el sindicato ha instado a los grupos parlamentarios a rechazar esta proposición de ley presentada conjuntamente por PP y Vox y contra la que ya se han manifestado varios grupos de la oposición.

Los veterinarios recuerdan que las campañas de saneamiento no son un «simple acto de diagnóstico y sacrificio de animales positivos a la tuberculosis bovina, sino que comprende una serie de criterios legales, técnicos, epidemiológicos y procedimentales que garantizan la obtención y mantenimiento de los estatus sanitarios que permiten el libre intercambio de animales y sus productos con garantías sanitarias en todo el territorio de la UE».

Como «primer escollo» que observan en esta normativa es su falta de «aplicabilidad» y la falta de independencia que puede romperse con lo previsto en esta modificación, ya que establece que el ganadero tiene libertad para elegir «al veterinario que le resulte más oportuno, pues en ese momento el veterinario estará realizando un servicio a demanda del ganadero, independientemente de cómo se realice el pago de este servicio».

Por otra parte, los veterinarios alertan de que el nuevo sistema no garantizará la universalidad de las medidas —que todos los ganaderos tengan acceso a las pruebas necesarias y obligatorias para el mantenimiento de sus calificaciones sanitarias—, ya que «no se ha hecho una estimación de los veterinarios que van a habilitarse para tal fin».