El rescate de Cantabria reabre el debate sobre el cobro del coste del operativo

El Gobierno de Cantabria ha abierto un expediente informativo para decidir si cobra una tasa por rescatar a la pareja de espeleólogos que se perdieron en una cueva de Soba el pasado fin de semana, de la que salieron ilesos después de dos días de búsqueda, y quién tendría que pagarla, si ellos o la empresa que contrataron para alquilar el material.

Con el posible cobro de este rescate, el gobierno cántabro entra de lleno en una polémica que siempre está abierta sobre la pertinencia o no de trasladar los costes de los operativos a los responsables, siempre que se compruebe que se ha cometido una imprudencia.

Los espeleólogos perdidos, de Valladolid y Salamanca, no informaron al 112 de que habían entrado en la cueva ni de la hora que tenían previsto salir, aunque ese paso es necesario cuando se accede a una cavidad que, como la de Soba, forma parte del listado de las que exigen una autorización por su complejidad técnica.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha explicado, en declaraciones a RTVE en Cantabria recogidas por Efe, que el Gobierno regional siempre abre un expediente cuando entiende «que se producen las causas por las cuales se impone una tasa».

En ese expediente se va a dilucidar, ha señalado, quién tenía la responsabilidad de informar al 112, si los espeleólogos o la empresa, si la responsabilidad se puede ceder a una empresa que se contrata o «si hubo mala fe» por parte de alguien.

En el rescate de la pareja, que desapareció el sábado en la cueva de la Garmiciega-Sima del Sombrero, participaron en total 125 efectivos, a los que el Gobierno de Cantabria ha agradecido este martes «su trabajo y profesionalidad» en un comunicado.

El operativo de búsqueda estuvo formado por técnicos de rescate, agentes del medio natural, equipo de drones y el Centro de Atención a Emergencias 112, Cruz Roja, UME, Guardia Civil, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y un equipo de rescate de Castilla y León.

Según la consejera de Presidencia, no se ha escatimado en medios humanos, con la participación de 39 efectivos en la primera jornada y 86 en la segunda, que han aportado 912 horas de trabajo, ni en recursos, con 11 vehículos en la primera jornada y 16 en la segunda, dos helicópteros y los drones del Ejecutivo.

Castilla y León tiene, desde 2012, la Tasa en Materia de Protección Ciudadana que permite cobrar algunos rescates en montaña. Dicha tasa solo se aplica en casos en los que se hayan cometido imprudencias como no llevar el material adecuado, desoír las advertencias y avisos meteorológicos o ignorar las zonas señaladas como peligrosas o prohibidas. Su aplicación es excepcional, en casos muy aislados.

El exceso de confianza de las personas que realizan las actividades en las montañas, la falsa seguridad que el teléfono móvil aporta, el retrasar las llamadas de auxilio y el miedo a un coste económico por el rescate son las principales causas que están detrás de estas situaciones.