Máxima preocupación en el campo leonés por la Ley de Restauración de la Naturaleza
La norma, aprobada por los pelos, obliga por primera vez en Europa no solo a proteger los ecosistemas, sino a restaurarlos
Editorial: Una norma proteccionista que no puede ir contra el campo
Imagen de un grupo de vacas en una zona de la montaña leonesa. RAMIRO
Máxima preocupación en el campo leonés por las consecuencias que puede traer para el sector agrícola y ganadero la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza aprobada por la UE el pasado 17 de junio que obliga a reparar, al menos, el 20% de los ecosistemas degradados en 2030 y todos ellos para 2050. Las principales organizaciones agrarias de la provincia muestran sus reticencias con Asaja y UCCL abiertamente en contra y Ugal afirmando que la restauración de los hábitats degradados no pueden recaer únicamente en las espaldas de los agricultores y ganaderos.
La Unión Europea aprobó el 17 de junio definitivamente la primera normativa de su historia que obliga a los Estados miembros a restaurar la naturaleza, y no solo a protegerla, tras una tortuosa tramitación con sorpresas hasta el último instante para cerrar un expediente que casi tumba Hungría y que terminó salvando Austria.
En la víspera de la votación, Viena pasó al bando del ‘sí’ y eso permitió que el Consejo de la UE alcanzase por la mínima la mayoría cualificada necesaria: un 66,07% de la población de la UE, justo por encima del 65% requerido.
El reglamento estaba ya negociado y pactado entre los propios Estados, y también con el Parlamento Europeo, que lo aprobó el pasado febrero en sesión plenaria. Sólo precisaba la adopción formal de los Veintisiete, pero casi descarrila en la línea de meta por un súbito cambio de posición de Hungría, que en marzo se unió a los detractores, cuando el Consejo sólo tenía que confirmar el texto.
La Comisión Europea presentó en junio de 2022 la Ley de Restauración de la Naturaleza para reparar al menos el 30% de los ecosistemas degradados en 2030 y todos ellos para mitad de siglo, incluidas también las tierras de cultivo.
El objetivo es acompasar la legislación comunitaria con los acuerdos sobre biodiversidad de Naciones Unidas, pero el texto se ha ido convirtiendo en un símbolo de la batalla ideológica en torno a la agenda verde, ganando intensidad a medida que se iban acercando las elecciones europeas del pasado 9 de junio.
La ley ha sufrido trasquilones en el Consejo de la UE y ha superado por la mínima una larga serie de agónicas votaciones en el Parlamento Europeo, donde ha sido blanco de una agresiva campaña del presidente del Partido Popular Europeo y del grupo en la Eurocámara, Manfred Weber, del influyente ‘lobby’ agrícola Copa-Cogeca y de los partidos de ultraderecha.
Finalmente, y entre otros puntos, establece obligaciones para corregir la disminución de polinizadores, recuperar el 30% de las turberas vaciadas para uso agrícola, no reducir espacios verdes urbanos o eliminar barreras artificiales en los ríos de la UE.
Ahora, cada Estado miembro deberá desarrollarla a través de sus propias normas y leyes.