Asaja anuncia una nueva normativa para contratos de compraventa de uva
Esta medida se llevará a cabo hasta 2027 y ayudará a proteger a los viticultores de CyL
Un viticultor cosechando la uva. DL
Asaja de Castilla y León ha informado a los viticultores que ya está publicada la normativa que regula el contrato-tipo para la compraventa de uva destinada a su transformación en vino. Esta normativa entrará en vigor el próximo jueves 1 de agosto y regirá hasta el 31 de julio de 2027, abarcando tres campañas vitivinícolas. El contrato-tipo ha sido acordado y propuesto por el propio sector a través de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) y ha sido posteriormente validado por el Ministerio de Agricultura.
La Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que todas las entregas de uva y cualquier otro producto agrícola estén respaldadas por un contrato que recoja el compromiso de compraventa entre la bodega y el viticultor. Este contrato debe incluir el precio pactado entre ambas partes, atendiendo a criterios de volumen y calidad. Asaja destaca que, aunque el precio se pacta libremente entre las partes, la Ley establece un requisito claro: no vender a pérdidas y asegurar que siempre se cubran los costes de producción.
Según la Orden APA/786/2024, publicada el 12 de julio en el BOE del pasado sábado, para que el contrato se cumpla es necesario que la bodega emita la factura en un plazo máximo de 15 días tras la entrega de la mercancía y realice el pago en un plazo no superior a treinta días. “Estos puntos son fundamentales y, por desgracia, no siempre se cumplen. Muchos viticultores sufren importantes demoras en los pagos y en la facturación”, subraya Asaja.
Asaja defiende que todas las ventas de productos agrarios estén amparadas por contrato, conforme a lo estipulado por la Ley de la Cadena Alimentaria. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, es esencial que tanto el Estado como la Junta, dentro de sus competencias delegadas, ejerzan la labor inspectora necesaria. El incumplimiento de esta normativa siempre va en detrimento de los intereses de los agricultores y ganaderos, y en este caso, de los viticultores.
Además, Asaja insiste en la en que las autoridades tomen medidas para evitar retrasos en los pagos y asegurar que las bodegas cumplan con sus obligaciones.