La Junta elabora los planes urbanísticos para 85 municipios para impulsar el medio rural

El Palacio de Gaviria, sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL), ha sido el escenario de la presentación de las nuevas Normas Urbanísticas Territoriales Locales de León (NUTLe). En este acto, que contó con la participación de la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, y el delegado territorial Eduardo Diego, se agradeció especialmente la predisposición y hospitalidad de la decana del COAL, Eva Testa. Las NUTLe, vigentes desde el 19 de julio de este año, son una herramienta esencial de planificación para los municipios más pequeños que no disponen de su propio plan urbanístico.

Estas normas tienen como objetivo principal proporcionar una ordenación urbanística básica adaptada a las necesidades locales y promover el desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a este conjunto de normas, se beneficiarán 85 municipios de los 211 de la provincia, lo que representa el 40,28 % del total, cubriendo al 6,83 % de la población y el 31,9 % de la superficie del territorio. Estos municipios no tenían una regulación ni normativa propia y tenían que acogerse a una normativa que ya no servía para facilitar el empleo y el establecimiento de pobladores en el medio rural.

Estas normas, redactadas en acuerdo con la Diputación de León por Susana Valbuena y Andrés Rodríguez, adjudicatarios del proyecto, tienen como propósito apoyar a los pequeños municipios que carecen de un instrumento de planeamiento propio, proporcionando «normas mínimas que regulen el uso del suelo», según destacó la directora general María Pardo.

«Son importantes porque todas las actividades económicas requieren una normativa básica que establezca cuáles son los requisitos para su implantación», añadió Pardo.

La iniciativa surgió tras detectar que muchos municipios de la provincia de León no contaban con un plan de ordenación propio. «De hecho, se venían aplicando unas normas subsidiarias de planeamiento del año 1991, completamente obsoletas», indicó Pardo. Esta situación perjudicaba la implantación de actividades económicas, ya que el medio rural depende en gran medida de la regulación de los usos del suelo, especialmente en áreas rústicas. Ante esta situación, se ha decidido suplir las carencias de estos pequeños municipios, que a menudo no disponen de los recursos técnicos necesarios, mediante la contratación específica para la redacción de las normas. El objetivo principal es aumentar la actividad económica en el medio rural proporcionando «un instrumento básico, sencillo, accesible y flexible para estos municipios», explicó María Pardo.

A pesar de la simplicidad buscada, la iniciativa presenta una complejidad técnica. Los impulsores pretenden poner a disposición de los técnicos municipales el servicio de asistencia de municipios de las diputaciones, y que los arquitectos municipales sean quienes implementen estas normas. De este modo, se espera agilizar la solicitud de licencias para los ciudadanos.

La directora general resumió el propósito de estas normas en dos ideas clave: agilidad y facilidad para implantar la actividad económica. Espera que esto sea una gran noticia para la provincia y que tanto técnicos como ciudadanos estén al tanto.

Se trata de regular de un modo sencillo y claro los requisitos para la implantación en ellas de cualquier uso, salvaguardando, con la debida flexibilidad, sus valores ambientales y patrimoniales para no impedir ni dificultar su dinámica económica, social y laboral. Además de establecer el régimen del suelo en terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico para alcanzar de forma sostenible un equilibrio entre la población, las actividades productivas y la protección de los valores naturales y culturales, según ha explicado el consejero.