La Guardia Civil no contabiliza atentados como el asesinato del agente leonés y su compañero por narcotraficantes en Barbate
La denuncia de Jucil es demoledora con los protocolos de la Benemérita en relación a las agresiones y atentados
El choque de una narcolancha contra la zodiac de la Guardia Civil en la que murieron dos agentes de León.
JUCIL, una de las asociaciones representativas de la Guardia Civil, ha alertado este lunes de que los 728 agentes del instituto armado que han sido agredidos hasta mitad de 2024 "agrava la pérdida de respeto a la autoridad" y exige que de forma "urgente" sean reconocidos como profesión de riesgo.
En un comunicado, JUCIL se remite a cifras oficiales para analizar las 728 agresiones --doce de ellas con armas-- sufridas por guardias civiles en el primer semestre del año, "lo que se traduce en una media diaria de entre 4 y 5 agredidos".
"No podemos aceptar que este incremento de la violencia quede impune y que las autoridades competentes no actúen con contundencia", ha apuntado Mila Cívico, portavoz de JUCIL, que relaciona la subida de casos con respecto a la primera mitad de 2023 con "la pérdida de respeto hacia la autoridad y el uniforme que portan los guardias civiles".
Según los cálculos de JUCIL, aproximadamente el 50% de estas agresiones son sufridas por personal destinado en seguridad ciudadana, "un área que además enfrenta un déficit de personal debido a la asignación de efectivos a unidades de reciente creación". Las siguientes especialidades más afectadas son las de Tráfico y Seguridad y Protección.
JUCIL también ha denunciado que la cifra de atentados contra agentes de la autoridad "no es real" porque no incluye embestidas con narcolanchas, vehículos o intentos de atropello, como ocurrió en febrero en Barbate, donde fueron asesinados el leonés David Pérez Carracedo (43), enterrado en Nogarejas, y su compañero Miguel Ángel González.
"Es inaceptable que no se contabilicen todos los tipos de agresiones", ha lamentado Mila Cívico.
"La falta de datos precisos oculta la gravedad de la situación y dificulta la implementación de medidas efectivas para proteger a nuestros agentes", ha añadido.
En este sentido, la asociación profesional ha reiterado la necesidad de que los guardias civiles sean clasificados como profesión de riesgo, "un estatus que actualmente les es negado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo" a pesar de que Mossos d'Esquadra y Ertzaintza sí cuentan con este reconocimiento.