León tendrá una red de vigilancia de última generación contra los incendios

Las nueve provincia de Castilla y León contarán con una red de videovigilancia para combatir los incendios forestales antes de finalizar el año 2026.

Así lo dio conocer este miércoles el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita el Centro Provincial de Mando de Ávila, donde presentó el mencionado sistema de videovigilancia integrado en el Operativo de lucha contra incendios.

Ávila y Salamanca son las dos últimas provincias en contar con esta tecnología, de la que ya disponían León, Zamora y Soria. El consejero, que explicó las ventajas que aporta esta herramienta a la lucha contra el fuego, anunció la extensión de la videovigilancia a las cuatro provincias restantes —además de la ampliación de cámaras en León—, de manera que toda Castilla y León dispondrá de este sistema en 2026. La inversión prevista supera los 11 millones de euros.

Según informan desde la Consejería, el objeto principal del sistema de videovigilancia es mejorar la identificación de las alertas por incendios forestales recibidas en los Centros Provinciales de Mando (CPM) durante todo el año, visualizando y geolocalizando la alerta de forma inmediata a su recepción, mejorando así la valoración inicial de la emergencia por el personal técnico y adecuando la respuesta de medios de extinción despachados. Se trata de un sistema complementario al de detección de Puestos de Vigilancia.

Esta herramienta facilita la detección de columnas de humos y alertas de incendio; permite geoposicionar los puntos de fuego de las alertas y localizarlos en relación al riesgo para poblaciones el medio forestal; visualizar de forma inmediata en el CPM la columna de humo para realizar la valoración del riesgo al minuto de recibir la alerta, sin esperar a la llegada del primer medio; reducir el tiempo de respuesta de los medios de extinción por la pronta localización y valoración de los focos durante todo el año, y mejorar la valoración del riesgo en el primer momento, adaptando la respuesta a las características de intensidad del fuego y bienes amenazados.

Junto a esto, las cámaras ayudan a realizar la visualización y seguimiento de la evolución en tiempo real del incendio y la zona afectada desde el CPM, cuando están en su área visual; a identificar las falsas alarmas y, con ello, el despliegue innecesario de medios; y a realizar un seguimiento de las quemas controladas que se desarrollen en el área de influencia de las cámaras.

Por último, este sistema evita desplazamientos de los agentes medioambientales durante todo el año, para comprobar alertas, y ejerce la función disuasoria en el monte –al estar en continua vigilancia los 365 días del año– y otras relacionadas con la protección del patrimonio natural de la provincia, como el furtivismo o el tránsito de vehículos por zonas no permitidas.

Las alertas recibidas en la comunidad de Castilla y León proceden, en cifras medias anuales, de particulares en un 52% de los casos; de vigilantes fijos en un 36%; de agentes forestales en un 16 % y de otros medios, en el resto. La mayoría de las alertas llegan a través de una llamada telefónica. De ahí la importancia de disponer de un sistema de videovigilancia durante todo el año que ayude a su rápida localización.

El objetivo del sistema de videovigilancia de incendios forestales es la vigilancia del medio forestal, no de las personas, edificios, caminos o accesos, etc. Sin embargo, se aplica la normativa de protección de datos, dado que se pueden llegar a captar imágenes que contengan datos personales.

Entre otras medidas, se han colocado carteles en los propios emplazamientos de localización de las cámaras que informan de la existencia del sistema de videovigilancia y de la aplicación de la normativa de protección de datos.

También se han diseñado otras señales a propósito de los objetivos del sistema, que se colocan en el radio de acción de las cámaras y que cumplen con el objetivo informativo de la protección de datos y con el objetivo disuasorio hacia todos aquellos posibles infractores de la normativa de protección del medio natural.