El lobo, cara y cruz de su futuro en España

La decisión esta semana de los países de la Unión Europea, que con 21 fotos a favor, cuatro abstenciones y los votos en contra de España e Irlanda, aprobaron iniciar el camino para cambiar el régimen jurídico de protección del lobo en todo el territorio europeo, para que deje de ser una especie estrictamente protegida, a solo protegida, abre la puerta a su control cinegético de nuevo.

Sin embargo, no todo está ganado —o perdido, según se mire— ya que todo puede quedar igual, aunque se ratifique en la Convención del Convenio de Berna, en la que debatirá el cambio de la Directiva de Hábitat, documento que en 1992 determinó que la caza de la especie estaba estrictamente prohibida al sur del Duero y permitida, aunque muy limitada, al norte.

El silencio con el que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se está afrontando este cambio de rumbo hace sembrar la inquietud sobre la posible aplicación en España, y especialmente en el norte del Duero, del nuevo estatus de protección que avale Europa.

De hecho, esta duda ya ha sido planteada por Asaja, cuyo presidente autonómico, Donaciano Dujo ya ha advertido de que si va adelante la propuesta aprobada ayer se puede dar la paradoja de que en el futuro en Europa se permita efectuar controles del lobo mientras en España «las manadas puedan seguir expandiéndose a sus anchas», como está pasando al Norte del Duero, «donde hoy el lobo está ‘ultraprotegido’ solo porque lo quiere el Ministerio, no porque lo determine Bruselas».

Lo para el responsable de Asaja esta claro es que «este es un claro problema de voluntad política», ha sentenciado Dujo que ha recordado a Teresa Ribera «que es más urgente que nunca encontrar una solución consensuada, por el bien de explotaciones que ya ven el abandono como única salida».

Precisamente este mes se cumplen tres años de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) por parte del Miteco, una decisión con la que se elevó el estatus de protección de la especie en todo el territorio nacional, y acabó con los controles poblacionales y la caza por cupos establecida al Norte del Duero.

Ahora planea la duda de si el Gobierno acatará la decisión europea o continuará con sus propio criterio.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado, sobre este asunto, que el Gobierno de España tiene que cumplir la legislación europea y no puede sacar al lobo del Lespre si su situación es «desfavorable».

«Nuestra responsabilidad es respetar los marcos jurídicos y la ley», ha subrayado.

Algo distinto ocurre en Portugal, donde la protección al lobo ibérico está blindada gracias a una ley de 1988, por lo que la reducción del amparo a este animal en la Unión Europea (UE) apenas va a afectar a este país, dijo este viernes a Efe el profesor de la Universidad de Lisboa y promotor de la norma lusa, Francisco Petrucci-Fonseca.

Petrucci-Fonseca explicó que en Portugal, donde hay actualmente unos 300 ejemplares de lobo ibérico, esa decisión no va a tener consecuencias debido a esa ley nacional que lo protege al máximo.

En virtud de esa legislación, la caza no está permitida, ni tener pieles de este animal o trofeos. Tampoco se autoriza tener ejemplares en cautiverio, aunque existe un permiso especial para los zoológicos.

En paralelo, la regulación estipula que el Estado está obligado a pagar los perjuicios ocasionados por el lobo a los animales domésticos, detalló el también presidente del Grupo Lobo, una asociación dedicada a la conservación de este mamífero y de su ecosistema.

Petrucci-Fonseca se mostró muy crítico con la resolución de la UE porque en su opinión «no están agotadas todas las alternativas para disminuir los daños causados por los lobos a los animales domésticos».

Agregó que deberían haberse contemplado alternativas para disminuir esos perjuicios, antes de sacar adelante esa votación, como el uso de perros en el manejo del ganado.

Suárez-Quiñones acusa a Ribera de «urbanita» y de gobernar solo para las «grandes ciudades»

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acusa al Gobierno central de «urbanita» con la gestión del lobo, porque «gobierna en Moncloa, solo para Moncloa y para las grandes ciudades», a las que «también está perjudicando, porque con esta decisión va en contra de los productos alimentarios de gran calidad». Suárez-Quiñones apeló directamente a la vicepresidenta Teresa Ribera: «Ministra, esta decisión la puede dejar sin efecto en cualquier momento, mañana mismo, porque está siendo muy dañina», apuntó.

Tras la decisión tomada esta semana por los embajadores y ministros del ramo de la Unión Europea de suavizar la protección de este cánido, el consejero sostuvo que es el Ejecutivo el que «tiene que mover ficha, y la puede mover mañana mismo», sacando al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), al que introdujo en 2021 por «razones ideológicas, sin ninguna justificación, en contra de todo y de todos».

Suárez-Quiñones confió en que la tramitación iniciada esta semana en Bruselas para suavizar la protección de lobo no se retrase en el tiempo, si bien admitió que hasta diciembre no se reunirá la Convención del Convenio de Berna, que data de 1979, en la que se discutirá esta cuestión entre más de 50 estados, y será durante 2025 cuando ya se pueda relajar de estricta protección a simple, un proceso que, dijo, «es sencillo».

El consejero recordó que fue en el año 1992 cuando la Directiva Habitat recogió la regulación marcada en el Convenio de Berna, para establecer que se podía gestionar la caza del lobo en toda Europa, salvo al norte del río Duero, en España, y otro territorio en Grecia. Pero en 2021, criticó Suárez-Quiñones, el Gobierno de España, en contra de las autonomías loberas, «del PP y del PSOE», decidió «aumentar la protección», con su inclusión en el Lespre, «allí donde Europa permite que las comunidades autónomas gestionen el lobo, es decir, al norte del Duero, donde lo declaró como al sur y no se puede gestionar».

A su juicio, en los dos últimos años de vigencia de esa protección se han incrementado los daños un 34 por ciento y «está sometiendo a la ganadería extensiva y semiextensiva a una auténtica pesadilla, donde los ganaderos abandonan». En este sentido, incidió en que su departamento les compensa los daños de «forma voluntaria», pero el profesional «lo que quiere es tener su ganado, y lo que necesita Castilla y León es tener quesos y carnes excelentes, y eso no se hace con indemnizaciones, sino con el ganado».

El responsable de la cartera medioambiental trasladó que el número de ataques creció un siete por ciento en el primer semestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023, con 1,762, frente a 1.648.