La despoblación y la globalización agrícola empujan a León a la marginalidad económica
Un estudio de La Caixa identifica a España en cuatro ‘clusters’ territoriales en función de los efectos del cambio climático
Editorial: 'Vulnerabilidad para el territorio'
León se encuentra entre las provincias que, en términos comparativos, presentan una mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, la despoblación y la globalización agrícola. Así figura en el estudio Más allá de la España vaciada: cambio climático, despoblación y globalización en las zonas rurales , del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. El estudio identifica a 2.858 municipios en Castilla y León y una parte de Aragón a los que directamente se denomina la «España vaciada y económicamente marginaliazada».
En las próximas décadas, España experimentará una reducción de la precipitación media, así como un aumento de las temperaturas y de la frecuencia de las olas de calor.
A los efectos del cambio climático se suman los propios de la despoblación en algunas zonas y la globalización del comercio agrícola.
Son efectos que impactan en el conjunto de España, si bien no con la misma intensidad en todos los lugares.
En este sentido, investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) han elaborado un índice socioambiental de vulnerabilidad ante el cambio climático, la despoblación y la globalización agrícola.
Para ello, han utilizado datos de 27 variables sociales y medioambientales que les ha permitido clasificar los más de 8.000 municipios españoles en uno de los siguientes cuatro ‘clusters’ territoriales: la España vaciada y económicamente marginalizada; la España que resiste económicamente, pero se seca; la España erosionada, y la España exportadora.
El primero de estos cuatro grupos, la España vaciada y económicamente marginalizada, es el conjunto más vulnerable y abarca 2.858 municipios, situados principalmente en el centro del norte de España (especialmente Castilla y León y una parte de Aragón), los cuales representan el 21 % del territorio nacional.
Este grupo incluye las zonas con mayor descenso de la tasa de crecimiento natural y en las que se concentra la mayor proporción de personas mayores por cada joven; también aglutina la proporción más elevada de núcleos de población pequeña, de menos de 500 habitantes.
Asimismo, desde un punto de vista económico, son los territorios más afectados por la disminución de los precios pagados a los productores agrícolas, y son también zonas en las que se concentra la menor presencia de empresas registradas, con infraestructuras deficientes.
El segundo grupo, «la España que resiste económicamente, pero se seca», comprende 1.112 municipios distribuidos especialmente en las cadenas montañosas y en el perímetro del primer grupo, y constituye el 13 % del territorio nacional.
Presentan una elevada proporción de pueblos pequeños, afectados por la disminución del crecimiento natural de la población, y zonas con infraestructuras viarias deficientes.
Además, registra una mayor disminución de las precipitaciones medias anuales, aunque posee la mayor proporción de zonas protegidas y el mayor número de empresas registradas.
El tercero grupo, «la España erosionada», está formado por 3.198 municipios repartidos por todo el territorio español, que representan el 54 % del total.
Son municipios situados principalmente en las regiones de Galicia y Asturias, así como en el centro y sur del país, que no presentan graves problemas socioeconómicos, si bien es el grupo más afectado por los incendios forestales y por la erosión del suelo.
La cuarta y última agrupación es «la España exportadora», formada por 595 municipios (el 5 % del territorio español), situados en su mayoría en enclaves muy específicos cercanos a zonas costeras y a las grandes ciudades.
Es el grupo menos vulnerable, si bien su especial debilidad está relacionada con la exposición a la globalización del comercio agrícola, dado que depende en mayor medida de las exportaciones.
Depende en mayor medida de la agricultura de regadío y es el que presenta la menor proporción de zonas protegidas.
Los autores del estudio concluyen que la adaptación al cambio climático, la mitigación de la despoblación y la defensa de las rentas agrícolas deben ir acompañadas de políticas agrícolas y de un desarrollo rural más integrado desde un punto de vista socioambiental.
«Hay procesos que merece la pena seguir estudiando, como es la relación entre las olas de sequía y calor, el abandono rural, la desaparición de las explotaciones familiares, la concentración de tierras en grandes empresas, la intensificación agrícola y la desertificación», ha destacado Sergio Villamayor-Tomas, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio.
Tercer grupo
El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo vinculado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo en las zonas de Transición Justa. En León, las ayudas llegarán a 8 proyectos en las cuencas mineras con los que se crearán 13 empleos.
La convocatoria, que se ha resuelto en régimen de concurrencia competitiva, beneficiará en total a 106 proyectos repartidos por todo el territorio nacional; en total recibirán ayudas por 8,5 millones de euros y movilizarán una inversión conjunta de 24,5 millones.
Las ayudas, a cargo del presupuesto del ITJ y el europeo Fondo de Transición Justa, se han otorgado mediante procedimiento de concurrencia competitiva. Por comunidades autónomas, Asturias es la que mayor número de proyectos beneficiarios registra (42), seguida por Andalucía (16), Castilla y León (16), Aragón (15), Galicia (11), y Castilla La Mancha y País Vasco (3).
Por primera vez han sido elegibles zonas no mineras afectadas por el cierre de centrales de carbón de Galicia (Convenios de Transición Justa de As Pontes y Meirama), Andalucía (Convenios de Transición Justa de Los Barrios, Puente Nuevo y Carboneras) y Baleares (Convenio de Transición Justa de Alcudia), además de las zonas afectadas por los cierres de centrales nucleares en los Convenios de Transición Justa de Zorita y Garoña.