La Junta depurará las aguas de todas las poblaciones de más de 500 habitantes

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, confía en llegar al objetivo de cero localidades de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes sin depurar en Castilla y León durante la próxima legislatura, lo que supondrá la finalización de 242 plantas de tamaño medio y medio grande, con una inversión de entre 130 y 140 millones de euros. «Estas sí que están cerradas, están identificadas perfectamente y en ejecución prácticamente la mitad», explicó.

De ellas, diez ya están en funcionamiento, 120 obras en ejecución, ocho convenios aprobados pendientes de licitación, 47 pendientes de aprobación de convenio por parte de los ayuntamientos, 50 en redacción y seis en análisis.

Se trata de uno de los tres escalones establecidos por la Junta en la política de aguas limpias, junto con los de más de 2.000 habitantes, que están «prácticamente terminadas», a falta de la culminación de doce que están declaradas de interés general que debe acometer el Gobierno central (Quintanar de la Sierra, en licitación; Aldeamayor de San Martín, Ayllón, San Cristóbal de Entreviñas, Villanueva de Duero, Villavieja de Yeltes, Soria y Miranda de Ebro, todas ellas en construcción; y Fermoselle y Morales del Vino, en redacción. A ellas se suma la de Nava del Rey, que ya ha construido la Junta). El tercer escalón corresponde a las de menos de 500, alrededor de 1.300 instalaciones, que están ya en fase de proyecto y que supondrá otra inversión de 130 millones.

Para los dos tramos más bajos, la financiación se divide entre un 40% a fondo perdido que aporta la Junta, el mismo porcentaje que cada una de las nueve diputaciones (que han firmado ya el protocolo), y el 20% por los ayuntamientos. Además, el Ejecutivo autonómico financia a las diputaciones su 40% «si lo desean, a un plazo de 5 o 10 años», aunque en principio «ninguna lo está necesitando». A los ayuntamientos se les adelanta también su 20%, financiado a 25 años.

Las instalaciones serán gestionadas por la Junta, a través de Somacyl: «Estamos acostumbrados a pagar depuradoras que luego no se gestionaban bien y había que volver a hacer después de siete u ocho años; y eso no podía ser», sentenció Suárez-Quiñones, quien aclaró que las pequeñas instalaciones, en pueblos de menos de 500 habitantes, «no llevan prácticamente gestión, son depuradoras de macrófitas que no suponen instalación eléctrica».

El consejero consideró que la política de depuración de aguas debe caracterizar a una Castilla y León «turística, con los cauces trucheros más importantes del mundo y con los mejores ríos fluviales». «No podemos permitirnos el no cumplimiento de la normativa sobre depuración, que no se cumple en muchos aspectos, que conlleva sanciones a los ayuntamientos. Debemos dar un plus de calidad ecológica y ambiental a la Comunidad», defendió sobre un recurso que es «esencial y fundamental».

Abastecimiento

Aunque Suárez-Quiñones expuso que en Castilla y León «no hay problemas de escasez relevantes de agua», es necesario «cuidarlo» para ser «eficientes y modernizar los abastecimientos».

En este sentido, recordó que su departamento ha suscrito dos protocolos con las diputaciones. El primero es para abastecimiento y «poner en común la inversión para hacer los necesarios». Para esta medida, añadió, «no hay dinero determinado, será el que sea necesario».

El segundo acuerdo con las diputaciones permitirá modificar las redes interiores de los pueblos, «en muchos casos deterioradas, con pérdidas de entre el 50 y 60% del agua, que es intolerable en esta situación». Además, están fabricadas con fibrocemento y «por tanto, obsoletas». Para ello se dedicarán 90 millones de euros iniciales para proyectos que renueven las redes interiores y digitalicen la gestión para que «sea más eficaz y eficiente», aseguró Suárez-Quiñones.