León perderá la mediación de sus jueces de paz en aras de la «evolución» de la Justicia

La nueva ley de eficiencia organizativa de la Justicia, cuyo proyecto se aprobó el pasado marzo, promueve la «evolución» de los jueces de paz a «modernas Oficinas de Justicia», lo que viene a suponer la supresión de facto de una figura de mediación rural con 170 años de andadura que ha promovido la convivencia vecinal sin conocimientos jurídicos técnicos pero utilizando el sentido común y la cercanía. Uno de los argumentos más firmes para suprimir a los jueces de paz es la llegada de la digitalización. Sin embargo, muchos de los titulares de estos servicios discrepan porque tienen que hacer aún las inscripciones y la búsqueda de forma manual.

En León, prácticamente todos los municipios de la provincia cuentan con jueces de paz, ciudadanos que formalmente asumen el encargo de tramitar y resolver aquellas cuestiones de carácter civil y penal que entran dentro de sus competencias. Sus funciones se definieron en la primera Ley de Enjuiciamiento Civil, dictada en 1855, para asumir las competencias jurisdiccionales que hasta ese momento realizaban los alcaldes. Sin embargo, la evolución del contexto social ha mermado paulatinamente sus funciones.

Actualmente, se encargan en el ámbito civil del conocimiento en primera instancia de los asuntos de cuantía no superior a 90 euros. También asumen el cumplimiento de exhortos para realizar actos de comunicación que, según las expectativas del Ministerio de Justicia, «van a reducirse notablemente con la transformación digital que se está implantando». Además, añade, los casos que aborda amparados por sus funciones son «residuales». Tampoco se encargarán ya del Registro Civil ni de oficiar las bodas, una de sus tareas más habituales.

En el último ejercicio registrado, 2023, los jueces de paz de León resolvieron cerca de 30.000 casos, con un índice de resolución que roza el 100% de los asuntos que se les presentaron. Si bien es cierto que en los últimos años la tendencia es descendente en cuanto al número de cuestiones que atienden, la figura del juez de paz se sigue viendo como un puntal de la cultura rural de León y del resto del país.

El ministerio justifica su disolución en que existe la necesidad de aumentar los servicios de la Administración de Justicia en las zonas rurales, «especialmente en un momento en que el riesgo de despoblación de algunas zonas rurales es elevado». Con esta ley se pretende «dar respuesta a esta necesidad desde el contexto social actual evolucionando los instrumentos de la Administración de Justicia».

Sin embargo, durante la tramitación y posterior aprobación del proyecto de ley se están produciendo movimientos para dar marcha atrás a esta decisión, que podría llevarse a efecto en un plazo de unos cuatro años.

El pasado mes de septiembre la Diputación de Castellón aprobó por unanimidad de todos los grupos en una sesión plenaria una moción para mantener la figura de los jueces de paz, cuya función considera «fundamental» para ejercer la «justicia de proximidad» que se requiere en los pueblos. También el grupo de PP en las Cortes de la Comunidad Valenciana ha presentado euna proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a mantener esta figura y dotarla de «recursos materiales y humanos suficientes para que puedan desempeñar sus funciones de una manera efectiva y eficiente».

Otro frente abierto está en Cataluña, donde el anterior Ejecutivo ya se planteó blindar a los jueces de paz, aunque todo queda en el aire con la presidencia del socialista Salvador Illa.

Respuesta a la necesidad social

La futura Oficina de Justicia se define como una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz. Según el Proyecto de Ley, con ella «no sólo mantendrá los actuales servicios, sino que los ampliará, aumentando su catálogo de gestiones dentro de la Administración de Justicia y acercándola a todos los municipios».

También argumenta que este nuevo servicio cumple «la función social que la Justicia de paz ha tenido durante tanto tiempo», adaptando el servicio y sustituye a los Juzgados de Paz, cuya figura desaparece del ordenamiento. Por ello el juez de paz, «que ha tenido un papel fundamental como punto de contacto de la Administración de Justicia en el ámbito local durante casi dos siglos», dará paso a esta nueva estructura «que da respuesta a la misma necesidad, pero de manera más ajustada a las actuales demandas sociales». Con ella, afirma el texto, se completa la estructura organizativa «encaminada a garantizar un servicio público de Justicia de calidad, siendo fundamental la mejora en la gestión de los recurso humanos y materiales que se aplican para ofrecer nuevos y mejores servicios a las personas que habitan en los municipios menos poblados a través de una atención más próxima y cercana».