La doble herida de los seis de Tabliza

Inaudito. Es la palabra que más repiten unas familias ya agotadas y unos abogados atónitos ante una situación que consideran en general «una vergüenza». Un año y siete meses después de que el caso quedara visto para sentencia, el juicio por la muerte de seis mineros en el último gran accidente del carbón en la provincia sigue sin resolverse. Ya nadie se atreve a aventurar plazos. La baja de la jueza encargada del complejísimo caso mantiene a la espera una decisión que las familias llevan ya once interminables años aguardando. Más de una década que suma todo tipo de inexplicables retrasos.

Todo empezó, todo acabó para las seis víctimas mortales, el 28 de octubre de 2013. A las 13.24 horas, un escape de grisú de enormes dimensiones invadió la Planta 7ª Este del macizo 7º del Pozo Emilio del Valle, en el Grupo Tabliza de la Hullera Vasco Leonesa.

El oxígeno desapareció en segundos y los mineros, todos ellos experimentados, ni siquiera tuvieron opción de colocarse sus autorrescatadores. Murieron por asfixia, prácticamente en el acto, el picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; el tubero Orlando González Fernández, de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. Los compañeros que acudieron a rescatarles se vieron también afectados. Nueve de ellos sufren lesiones permanentes.

La investigación del accidente ya fue declarada compleja y tuvieron que pasar casi ocho largos años hasta que por fin se fijó la vista oral para determinar las circunstancias del accidente, y las responsabilidades que pudieran derivarse de él. En abril de 2021 se celebró la primera sesión del esperado juicio. Pero duró apenas unos minutos. Las defensas advirtieron de que no formaba parte del proceso la aseguradora Mapfre, que cubría la responsabilidad de varios ingenieros, algo que no se había comunicado. Y que resultaba fundamental para que las familias pudiesen al menos cobrar las indemnizaciones económicas que se reclamaban (se llegó a un acuerdo y se cobraron durante la celebración del juicio).

Casi dos años más pasaron hasta que por fin la toma de declaraciones comenzó el 6 de febrero de 2023. Desfilaron por la sala habilitada para los 14 acusados y la legión de abogados de las defensas y las acusaciones casi un centenar de testigos y peritos, en 25 agotadoras sesiones que pusieron de manifiesto no sólo la práctica imposibilidad de aclarar cuáles fueron las causas del accidente, sino las dificultades de buena parte de los intervinientes para comprender el funcionamiento de la mina.

El juicio quedó visto para sentencia el 30 de marzo del año pasado. El fiscal mantuvo la petición de cárcel para 10 de los 14 acusados: Antonio del Valle Alonso, Arturo del Valle Alonso, Aurelio del Valle Jover, Mario Calvo Herce, José Eliseo Solís Álvarez, David Toribio Fernández, Javier Martínez Rico, Jairo Gómez Bartolomé, José Marcos Ulecia Román y José Carlos García Jarrín. Retiró la acusación contra cuatro vigilantes, que estaban también inicialmente imputados.

Una jerga compleja

El fiscal concluyó que el accidente no fue imprevisible ni inevitable, sino consecuencia de la falta de acción de la empresa ante los indicios que advertían de la peligrosidad de la explotación. Unas señales de alarma que todos los trabajadores que prestaron declaración coincidieron en que se conocían y eran claras. Sin embargo, y aunque señalaron que se comentaban en la mina, no quedaron recogidas por escrito ni oficialmente en ninguno de los muchos órganos establecidos para ello en la organización de la empresa.

Las larguísimas horas de interrogatorios se centraron tanto por parte de las acusaciones como de las defensas, del propio fiscal y la responsable del Juzgado de lo Penal 2 de León, en intentar desentrañar cuestiones técnicas del comportamiento de los macizos y la forma de trabajo en una mina de carbón como la del Pozo Emilio del Valle, calificada ya como de especial peligrosidad. Explicaciones dadas además en la jerga especializada de la minería, lo que complicó aún más la comprensión de lo ocurrido.

Y sobre eso no hubo acuerdo, sino versiones casi opuestas entre los distintos informes periciales a la hora de explicar el origen del «bufido» insólito de grisú que invadió el taller y acabó con la vida de los seis mineros. En el proceso se constató que la Hullera Vasco Leonesa cumplía las normativas de seguridad y había pasado todas las auditorías, sin embargo está en cuestión si se atendió a las señales que los días previos al accidente se registraron en la explotación, y si no se tomaron en consecuencia medidas suficientes que hubieran evitado la tragedia. Una tragedia que, once años después, sigue esperando respuesta judicial.