Quiñones afirma que los jueces han sido «engañados por el Gobierno» con el lobo
El consejero achaca el fallo contra los planes de gestión en que tienen datos equivocados
Un lobo Ibérico, en una fotografía de archivo. EFE/ J.L.Cereijido
La Junta de Castilla y León ha vinculado este jueves la sentencia que el pasado miércoles declaró ilegal la caza de lobos autorizada por esta Administración entre 2019 y 2022 con que los jueces han sido «engañados por el Gobierno» con datos equivocados sobre la situación de esta especie, en palabras del consejero de Medio Ambiente de esta Comunidad, Juan Carlos Suárez Quiñones.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León comunicada ayer, Suárez Quiñones ha criticado que los datos del Gobierno central sobre la situación del lobo en la Península Ibérica no contaron con los datos proporcionados por las autonomías y eso derivó en que las autoridades europeas y también los jueces tuvieran como referencia unos datos que la Junta considera erróneos.
Suárez Quiñones ha anticipado que la situación puede cambiar cuando a finales de este 2024 las autonomías con población de lobo, ahora sí consultadas por el Gobierno central, presenten sus respectivos censos de esta especie, que en el caso de Castilla y León ha anunciado para finales de noviembre.
El consejero ha destacado que no se trata de una sentencia firme, por lo que ha indicado que se reservan la posibilidad de plantear un recurso si así lo estiman los Servicios Jurídicos de la Junta, y además ha argumentado que «no tiene eficacia», al tratarse de temporadas de caza ya pasadas.
Ha recordado que el lobo no se caza desde 2021 por decisión del Gobierno central, que en su opinión «ha impedido el control extraordinario del lobo» y que, de este modo, «campe libre, causando los daños que está causando la ganadería extensiva y semi extensiva».
Sobre el informe de las instituciones europeas, basado en datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019, el consejero ha afirmado que era «totalmente erróneo», sin representar «la verdad» de la situación del lobo: «No se hizo conforme a los criterios técnicos que teníamos establecidos para hacer esos informes», ha denunciado.
Tras recordar que el Ministerio únicamente recabó datos de Galicia y no del resto de autonomías loberas, el consejero ha añadido que «mal podía saber cuál era el estado de conservación cuando no había recabado los datos».
En este sentido, ha defendido que tanto en aquel momento (2019) como en el actual, el lobo «sigue estando en un estado de conservación favorable».
Pese a la sentencia, Suárez Quiñones ha asegurado que las resoluciones tumbadas estaban respaldadas por informes de funcionarios públicos «muy rigurosos», por lo que «había una justificación jurídica y técnica intachable».