El acusado de la estafa del oro nunca invirtió el dinero

Jacinto González, que reconoció ayer la mayoría de hechos que se le imputan, ya fue condenado en 1999 junto con la anterior Junta Vecinal de Quintanilla de Somoza por un delito de prevaricación y cohecho, al utilizar a sabiendas dinero público para fines ilegales. Ayer comenzó en la Audiencia Nacional el juicio en el que se le acusa, junto a otros tres implicados, de una estafa de alrededor de seis millones de euros a más de setenta particulares, entre ellos la pedanía maragata, que le reclama alrededor de 760.000 euros. El presunto estafador explicó ayer en la sección tercera de la sala de lo penal el funcionamiento de su empresa Cosem (Comercial y Servicios de Metales), con sede en San Sebastián, que captaba a clientes interesados en la compra o en la inversión en oro. Según declaró el acusado, había dos formas principales de trabajar con Cosem; comprar el oro directamente (opción que, según el demandado, no se llevó prácticamente a cabo) o gestionar la inversión en oro de los clientes con una rentabilidad del 12% al 14% anual, que se podía cobrar anualmente o en mensualidades del uno por ciento. La mayor actividad de esta sociedad se llevaría a cabo entre los años 1993 y 1996, fecha en la que González ingresaría en prisión. No compró ni un gramo de oro Sin embargo, el acusado nunca realizó operación alguna. «Yo no invertía realmente, no llegué a comprar ni vender nunca oro», declaró el presunto estafador. Según la versión del acusado, utilizaba el dinero (que iba destinado a su cuenta corriente) «para pagar los intereses de las personas que habían invertido en oro y para hacer frente a los gastos de la empresa; el dinero por un lado entraba y por el otro salía». «Mi objetivo era crear un gran banco de oro a nivel nacional, pero tenía muchos gastos y tenía que asumirlos», explicó el acusado. En cuanto al asunto concreto de Quintanilla de Somoza, Jacinto González detalló los procedimientos que siguió Cosem. Según el acusado, logró captar a la Junta Vecinal en 1993 gracias a la labor de dos de sus presuntos colaboradores, Antonio N.V. (también acusado en el juicio iniciado ayer) y Justo Botas, por entonces secretario de la pedanía. De este modo, se alcanzó un acuerdo por el que el acusado se comprometía a invertir en oro 865.000 euros de la Junta Vecinal procedentes de la venta de terrenos a Defensa para el campo de tiro del Teleno, y ofreció una rentabilidad del 14% anual. Este dinero se dedicó «sólo al pago de plusvalías, a las comisiones y a las deudas de la empresa», según el acusado. Justo Botas recibió, según la investigación, una comisión de unos 64.900 euros y Antonio N.V. de unos 22.000, mientras que los restantes miembros de la junta obtendrían pagos más modestos. «La operación de Quintanilla tuvo comisiones más altas porque se salía de lo normal», declaró el acusado. Jacinto González rechazó que dispusiera de los casi seis millones de euros que le reclaman los más de setenta denunciantes (él matiza que sólo son unos 40). De hecho, la investigación señala que el presunto estafador carece de liquidez. «Sólo tengo 30 euros y vivo gracias a Cáritas y del dinero que a veces me dan mis hijos», señaló ante el juez. Jacinto González también negó que cediera parte del dinero a alguien o que tuviera fondos en el extranjero.