IU reclama a la Junta que agilice el pago a los ex presos de la Dictadura

Izquierda Unida teme que el pago de las indemnizaciones a los represaliados desde 1936 a 1977 pueda demorarse, sobre todo en el caso de aquellas personas que no pueden acreditar su condición de ex presos de la Dictadura franquista porque los papeles de su reclusión se han quemado, extraviado o nunca llegaron a existir. Por eso exigen al Gobierno autonómico que articule los medios para atender a esos ciudadanos que no pudieron acogerse tampoco a las prestaciones contempladas en los presupuestos generales del Estado en 1990 y 1992. Fernando García Romero (IU) recuerda que han tenido que transcurrir dos años desde que Las Cortes aprobaron, el 29 de noviembre del 2000, la proposición de su partido para conceder ayudas a los represaliados y la resolución de los expedientes, la pasada semana. De ahí que confíe en que no sean necesarios otros dos años para que el dinero de las indemnizaciones llegue a manos de sus destinatarios. Hace una década, 1.600 leoneses solicitaron la prestación aprobada por los socialistas y 430 de ellos fueron excluidos, sobre todo, por no poder justificar el tiempo de prisión. Excluidos Esa misma circunstancia se repite ahora. 402 ciudadanos de la comunidad han pedido la ayuda y sólo 282 cumplen los requisitos. León es la provincia con más beneficiarios, 72 (el 26%), porque también fue la zona más represaliada. La Administración autonómica reconoce que el acceso a los expedientes de los ex presos para recabar certificaciones ha sido el paso más complejo de la convocatoria de prestaciones. La dirección general de Instituciones Penitenciarias retrasa la documentación o carece de ella. Ese efecto domninó ha propiciado hasta ahora el bloqueo de las ayudas. Los beneficiarios serán todos los que sufrieron privación de libertad durante un periodo mínimo de tres meses, consecutivos o no, y que no hayan percibido otra prestación. Para ello tienen que acreditar su residencia en Castilla y León en los dos últimos años. IU considera que la Junta se ha mostrado demasiado severa con la exigencia de documentos, sobre todo en aquellos casos de personas que padecieron cárcel o fueron llevados a campos de trabajo en épocas y lugares distintos. La cuantía de cada indemnización se fijará en función del tiempo efectivo de permanencia en la prisión y de la edad del beneficiario. Viudas y huérfanos Además de quienes sufrieron cárcel o penas de trabajos forzados, la ley de indemnizaciones abre la posibilidad a que, en caso de fallecimiento, el cónyuge viudo o la persona que perciba una pensión contributiva de viudedad por ese motivo también puedan beneficiarse de las compensaciones. En ese grupo entran los hijos incapacitados perceptores de una pensión de orfandad contributiva por tal causa o de una pensión de invalidez no contributiva. La cuantía de la compensación será fijada por el gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, teniendo en cuenta la edad y el tiempo de reclusión a razón de 200 euros mensuales.