Un juez señala que la Junta contrató de forma irregular a 23 veterinarios

El juzgado de lo Social número 2 de León ha dejado claro que los veterinarios que hasta ahora han realizado las campañas de saneamiento ganadero en la provincia, para erradicar las enfermedades de los rumiantes, están vinculados laboralmente a la Junta. Es la primera vez que un tribunal reconoce en la comunidad la relación de trabajo de estos profesionales con el Ejecutivo regional. La aplicación de la sentencia significa que el Gobierno autonómico tendría que admitir a esos veterinarios como funcionarios. También implica que los contratos de obra que les ha efectuado la Junta desde 1998 son ilegales, al no incluir la cuotas a la Seguridad Social y sólo reflejar una relación administrativa. Precisamente, la batalla judicial comenzó hace más de año, al detectarse un agujero de medio millón de euros (83 millones de pesetas) en impagos a la Seguridad Social. La Tesorería general de ese organismo denunció, entonces, que la Junta de Castilla y León estaba encubriendo la relación laboral con los veterinarios de las campañas de saneamiento ganadero bajo contratos fraudulentos, ahorrándose así el pago de la Seguridad Social de los últimos doce años, aunque sólo se pueden reclamar las cuotas desde 1998 por haber prescrito las irregularidades de años anteriores. El Ejecutivo contrató a los profesionales por obra (toda la campaña, que se demora durante ocho meses), acogiéndose a que los veterinarios pagan sus propios autónomos, lo que liberaría a la Administración de incluirles en el régimen de la Seguridad Social. Por eso la Junta rechazó el informe que efectuó el 12 noviembre del 2001 la inspección e inició un procedimiento judicial que llevó el pasado día 9 al banquillo a 23 de los 38 veterinarios afectados. Los otros 15 comparecerán ante el tribunal en las próximas semanas. El hecho es que a raíz de la inspección de oficio, los veterinarios y la Junta han intentado llegar a un acuerdo para regularizar la situación laboral, que les ha impedido disfrutar de vacaciones, un salario estable y una garantía de continuidad en el puesto año tras año. La negociación es delicada. El Gobierno autonómico tiene varias posibilidades en su mano: privatizar el servicio, como ya ocurre en otros puntos de la geografía española, o admitir la vinculación laboral de esos profesionales, como solicitó el PSOE en Las Cortes y como acaba de sentenciar el juzgado de lo Social número 2 de León. Una sentencia que la Junta recurrirá, previsiblemente, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según los datos de los socialistas, incluir en la nómina de la Administración a los veterinarios de las campañas de saneamiento ganadero ahorraría 1,2 millones de euros (unos 200 millones de pesetas) al año a las arcas de la Junta.