La Junta recurrirá la sentencia de los veterinarios que sanean el ganado
El letrado que representa a la Junta de Castilla y León, Francisco Javier Iglesias, ha confirmado que el Gobierno autonómico recurrirá la sentencia del juzgado de lo Social número 2 de León, que reconoce la vinculación laboral de los veterinarios que han venido realizando las campañas de saneamiento ganadero. Según el abogado, el Gobierno autonómico entiende que esos profesionales, 38, sólo mantienen una relación administrativa con la Junta. Por eso los contratos que ha cumplimentado el Ejecutivo cada año son de obra y no incluyen el pago de la cuotas de la Seguridad Social, que, en el caso leonés, ascienden a medio millón de euros (83 millones de pesetas) desde 1998. Sometimiento a la Junta El juez de lo Social número 2 contradice en su sentencia a la Junta indicando que los veterinarios de saneamiento ganadero son auténticos trabajadores, sujetos a contratos en toda regla y con Seguridad Social, dado que prestan sus servicios «con total sometimiento a la organización y dirección de la Administración regional, que establece el calendario de actuaciones de los veterinarios, las explotaciones ganaderas que tienen que visitar y la imposición de que el trabajo se realice en equipos de dos veterinarios». También añade como prueba de que son verdaderos empleados y no autónomos el hecho de portar acreditación de la Junta y la exigencia del Gobierno de la comunidad a que los veterinarios tengan dedicación exclusiva e incompatibilidad con otras actividades públicas o privadas. Sin carácter retroactivo El letrado de la Junta considera, no obstante, positivo que la sentencia del juzgado de lo Social número 2 sólo reconozca el carácter de laboralidad de los veterinarios desde la última campaña, sin carácter retroactivo, lo que disminuye sustancialmente las posibles indemnizaciones que tengan que pagarse a esos profesionales. De momento, el Gobierno agotará la vía judicial, recurriendo el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tiene un plazo de diez días. Después, con probabilidad optará por el despido de los 38 veterinarios y sacará a concurso la campañas de saneamiento, que permiten realizar análisis para detectar enfermedades en medio millón de ovejas y 120.000 vacas de la provincia. Los veterinarios afectados también estudian la posibilidad de recurrir la sentencia para que se reconozca su vinculación laboral que han mantenido con la Junta, al menos, desde 1998.