Los peritos «estiman» unos 30 millones desaparecidos

El informe pericial del «caso del oro» refleja que el dinero perdido y no justificado en las operaciones que llevó a cabo Jacinto González asciende a unos 30 millones de euros. Los peritos que declararon ayer en la Audiencia Nacional pusieron de manifiesto la «extrema complejidad» de su informe, y que los datos finales se refieren a «estimaciones». Hay que recordar que el acusado se ha declarado carente de liquidez para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se reclaman y que ascienden a casi 60 millones de euros. La dificultad del trabajo pericial se basa en la «rapidez» con las que se efectuaban las operaciones y al múltiple destino de los fondos de Jacinto González que se dedicaban a transferencias, devoluciones de intereses o pago de empleados. «Es muy difícil llegar a saber exactamente lo que ha pasado con ese dinero», manifestaron ayer los dos peritos que acudieron a declarar. El informe logra constatar entradas de dinero a las cuentas de Jacinto González por un valor total de unos 60 millones de euros, aunque señalan el saldo del principal acusado durante los años de actividad de Cosemp fue «más bien pequeño». «El dinero entraba y salía de las cuentas rápidamente», apuntan los peritos. Por este motivo, el informe pericial no ha logrado determinar el uso de unos 30 millones de euros, según sus estimaciones. Así, los peritos confirman la declaración del principal acusado en el sentido de que carece de liquidez (González asegura que vive «de la caridad»). De este modo, ponen de manifiesto la «inexistencia de activos en los que hubiera utilizado el dinero ajeno». Tampoco han localizado anomalías en los familiares del acusado ni han detectado posibles salidas de dinero al extranjero. «El único gasto importante que hemos encontrado fue la compra de un coche en 1992», apuntaron los peritos. Inversión injustificada El informe pericial sí recoge la inversión en fondos del tesoro del hijo del principal acusado, Jacinto González Mompó (también acusado en el proceso), por valor de cinco millones de pesetas en 1995. Para el letrado que representa a la junta vecinal de Quintanilla de Somoza, Francisco Solana, ésta es «una inversión injustificada, ya que antes no tenía cuentas computadas». González Mompó trabajó en la empresa de su padre durante algunos años, y se encargaba de realizar diversas transferencias bancarias. Mompó negó los hechos y aseguró que simplemente ejercía de «recadero» y hacía lo que le ordenaban.