Un abulense denuncia en León la supuesta estafa de varios alcaldes en el cobro de primas ganaderas

Victoriano Gómez del Rió, un abulense poseedor de una explotación extensiva dedicada a la cría de ganado para la venta de su carne, denunció ayer en León el supuesto caso de estafa que lleva casi dos años denunciando y en el que podrían, según su testimonio, «estar implicados varios alcaldes y concejales del Partido Popular de Ávila. El ganadero asegura que entre 1993 y 1999 algunos cargos públicos se hicieron con más de 60 millones de pesetas a través de la tramitación irregular de 25 certificados de pastos para cobrar primas de la UE. Gómez recorre desde hace meses las capitales de provincia de Castilla y León para denunciar este presunto delito en el que habrían incurrido varios cargos públicos de Ávila al emitir certificados falsos de pastos alegando que su ganado pastaba en tierras comunales «cuando realmente lo hacíanen criaderos industriales de cebo intensivo», según el propio ganadero. Gómez aseguró ayer que, aunque carece de pruebas, está convencido de que la situación que denuncia «se está reproduciendo en León y en otras muchas provincias de la comunidad autónoma». Victoriano Gómez, que fue elegido alcalde del Ayuntamiento de Becedas en 1999 por una lista independiente y que en la actualidad es concejal independiente, denunció ante el juzgado de primera instancia de Piedrahita esta situación a comienzos del mes de marzo del año 2001 tras comprobar «que algunos alcaldes y concejaes del PP de la zona y sus allegados estaban cobrando primas de la Junta de Castilla y León por llevar sus reses a los montes comunales cuando en realidad poseían cebaderos intensivos». Presiones políticas Victoriano Gómez aseguró también ayer durante su estancia en León que tras denunciar recibió «presiones del PP de Ávila y de la Consejería de agricultura de la Junta» para que abandonase su denuncia, «llegando incluso a presionar a mi mujer y a mi hijo», comentó el ganadero y concejal. El 17 de abril del 2001 el caso quedó sobreseído «después de una actuación irregular de los fiscales», según el propio Gómez, que le llevó a denunciar a los acusadores estatales que participaron en el caso por prevaricación y encubrimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que decidió devolver el caso en julio al juzgado de Piedrahita. En septiembre de 2002, Gómez decidió también extender la denuncia contra el ministerio fiscal a la fiscalía anticorrupción y a la Audiencia Nacional.