La UE aprueba 436 millones en ayudas a las minas y la investigación de otros 18 concedidos por la Junta

La Comisión Europea aprobó ayer, con ocho meses de retraso, la autorización a España para conceder ayudas a la minería del carbón por un montante de 436,3 millones de euros. Estas subvenciones se dividen en 116.314.693 euros para explotación -funcionamiento o compensación entre costes medios internacionales de la tonelada y los reales-; a la reducción de actividad por 127.718.522 euros y a la cobertura de gastos excepcionales -prejubilaciones- por importe de 192.266.000 euros. Del total de las ayudas, 425 millones de euros fueron concedidas para el periodo comprendido entre el 24 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2002, mientras que 11,2 millones de euros corresponden a una ayuda complementaria para el año 2001 y el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 23 de julio de 2002. El 2 de julio de 2002, la Comisión ya autorizó las ayudas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 23 de julio de 2002, que ascienden a un importe total de 633,2 millones de euros. El importe total de las ayudas concedidas a la industria española del carbón en 2002 se elevó a 1.067,84 millones de euros. Por otra parte, confirmó la noticia ya conocida desde anteayer de la apertura de una investigación sobre las ayudas concedidas, por valor de 18 millones de euros, desde la Junta de Castilla y León a las minas de esta comunidad durante los años 2001 y 2002. La comisión cree que estas subvenciones colisionan «con el buen funcionamiento del mercado interior y estudiará si ha habido una acumulación ilegal de ayudas otorgadas por el Gobierno español y las concedidas por la comunidad autónoma». La comisión solicita ahora a España y a Castilla y León alegaciones para que demuestren que no se trata de un procedimiento «ilegal» de ayudas y que se notificaron en tiempo y forma. La Junta ya informó hace dos días que fueron comunicadas y que Bruselas ni siquera les contestó, por lo que tras un segundo requerimiento entendieron que les daban el visto bueno por silencio administrativo. Desde el Gobierno autonómico se entiende que no se trata de ayudas al funcionamiento, reducción de actividad o a cargas excepcionales, sino a otros apartados -seguridad, medio ambiente e investigación y preparación- que no vulneran la normativa comunitaria ni se solapan o se suman a las del Estado, en el marco del Reglamento europeo de ayudas al carbón.