Los municipios tachan de traición la reducción de un millón de toneladas en el 2004
Acom teme las repercusiones del posible recorte del cupo
La asociación española de municipios mineros celebró ayer una reunión en la que se analizaron las posibles consecuencias que puede acarrear la reducción del cupo
Imagen de archivo de una reunión de Acom España celebrada en León
«Una infidelidad». Así de rotundo se mostró ayer el socialista Laudino García, alcalde de Igüeña y miembro de la sección española y europea de la asociación de municipios mineros (Acom), a la hora de valorar el posible recorte del cupo del carbón prevista por el Gobierno en el plan enviado a Bruselas. García manifestó que la reducción de 13 a 12 millones de toneladas para el 2004 del cupo español vulneraría lo acordado en el Plan del carbón, que todavía en el 2005 contempla una asignación de 13 millones. El representante en la ejecutiva de Acom apuntó que «la alteración de los acuerdos nacionales de cupos y de mantenimiento de la producción está provocando inquietud en el sector ya que ponen en duda la voluntad del Gobierno de apostar por el carbón». El recorte en la producción generaría una «drástica reducción de la producción que tendría consecuencias directas sobre el empleo», manifestó García. Esta inquietud ha motivado que Acom haya solicitado a través de la Dirección General de Minas una reunión con los responsables del Instituto del Carbón «para conocer de primera mano cuál será el impacto del recorte en el desarrollo del plan del carbón a nivel nacional y la situación en la que se encuentra el tema de las reservas estratégicas, «dos ámbitos en los que a los municipios no se nos facilita información», declaró García al margen de las alcaldías. «El futuro de las comarcas mineras no se puede trazar al margen de los municipios y de sus alcaldes, apuntó García, que percibe «incumplimientos importantes» en la ejecución del plan 1998-2005. La situación de las ayudas La asociación de municipios mineros también analizó ayer el panorama que se plantea ante la posibilidad de que Castilla y León y otras comunidades autónomas dejen de percibir fondos europeos con la incorporación de los países del este a la UE. García señaló que «en el caso de que el PIB de Castilla y León supere el 75% de la media europea- con lo que perdería ayudas- no quiere decir que sus problemas se solucionen», por lo que anunció que se están iniciando contactos con Bruselas para que pueda continuar percibiendo fondos para infraestructuras e inversiones.