Diario de León

LA POLA DE GORDÓN

El Ayuntamiento entrega 3.000 firmas a Fomento contra el acceso al polígono

LA POLA. J.A.Barrio Planillo

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Corresponsal de Diario de León Los portavoces de los grupos políticos del PP, PSOE, IU y UPL, que conforman la Corporación municipal del Ayuntamiento de La Pola de Gordón, entregaron al mediodía de ayer más de 3.000 firmas en la Unidad de Carreteras de León como medida de protesta por la colocación de una valla protectora que impide el acceso directo desde la nacional 630 al recinto del polígono industrial que se ubica al pie de la carretera. Los políticos registraron los documentos con las firmas de los vecinos y los industriales del municipio gordonés, que consideran un agravio económico de cara al desarrollo del polígono industrial, ya que los vehículos ahora no tienen acceso directo desde la carretera nacional «a la gasolinera y a las naves del polígono, lo que además supone un peligro añadido a la hora de que los camiones de gran tonelaje tendrán que hacer una brusca maniobra para introducirse en el recinto industrial, lo que llegará a provocar graves accidentes de circulación». Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón señalan que se tomarán todas las medidas de presión legales, ya que a su juicio entienden que es «un auténtico atentado contra el desarrollo de nuestro municipio la instalación de una bionda que impide el acceso directo al recinto desde la carretera, con lo que se ha conseguido que la iniciativa privada se concrete en pequeñas empresas e industrias en el polígono, propiciando un innegable desarrollo de la comarca gracias a esa gente que ha aportado su dinero y ha creído en la posibilidad de la potenciación de la zona a través de la pequeña y mediana industria». Por ello «mostramos nuestra más enérgica protesta ante la administración y exigimos que la valla sea retirada cuanto antes para el menor perjuicio económico de los industriales que allí se ubican». El Ayuntamiento gordonés quiere mostrar su grado de solidaridad a los industriales afectados, «lo que les puede producir una catástrofe económica». Además, exige a las administraciones la mayor voluntad tanto legal como política para solucionar este grave problema, haciendo costar que «entendemos que es un auténtico atentado contra el desarrollo de nuestro municipio».

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