Los sindicatos confían en que Industria haya fiscalizado los fondos

Tanto UGT como CC.OO. coinciden por separado en confiar en que todo se deba a un problema de trámites y formas administrativas, que se resuelva como en 199: entonces otra fiscalización y reclamación europea acabó dando la razón a Castilla y León. De lo contrario entienden que si el sistema de concesión de ayudas de la Ley de Actuación Minera y de fiscalización del destino de las mismas ha fallado o es incorrecto, se estará incurriendo en una «gravísima irresponsabilidad» que requeriría asunción de responsabilidades políticas. Desde UGT se cree que la Consejería de Industria tiene mecanismos de control suficientes y que los empresarios deben ser también responsables de velar y advertir que las ayudas pueden ser incompatibles con las del Estado, así como de no destinarlas a fines que no pueden. En CC.OO. entiende que no habría por qué dudar de la Administración, pero también recuerdan que en la elaboración de la última Ley Minera no se les dio participación y si en cambio a la oposición, por lo que la responsabilidad sería, opinan, en todos sus aspectos de la Junta que es quien debe velar por la legalidad de la concesión y el uso de los fondos a las minas. En todo caso ven a la patronal muy asustada.