Vallvé logra apoyo sindical y patronal para defender las ayudas mineras

Junta, sindicatos y empresarios acordaron ayer hacer un frente común contra la decisión de la UE de investigar las ayudas concedidas en Castilla y León en el marco de la Ley de Actuación Minera durante los años 2000, 2001 y 2002. Para el consejero de Industria, Comercio y Turismo, José Luis González Vallvé, estas ayudas -que en mayor o menor medida afectan a la totalidad de las empresas mineras de Castilla y León- fueron concedidas «en tiempo y forma» y por lo tanto son «perfectamente legales». Vallvé explicó que en junio de 2000 la Junta remitió a la Comisión Europea un formulario tipo en el que se notificaban las cuantías de las ayudas que se iban a conceder durante ese año y los dos siguientes, y que ascendían a 9 millones de euros cada ejercicio. Posteriormente, en septiembre de 2000, el embajador de España en la UE vuelve a remitir una carta a la Comisión en la que se recuerda que el proyecto de incentivos mineros había sido notificado hacía tres meses sin que se hubiera obtenido ninguna respuesta. Por todo ello, «España y Castilla y León, en este caso, deben defender ante Bruselas la legalidad de esas ayudas», según afirmó el consejero. Respecto a la apertura de la investigación, Vallvé recordó que ya han existido antecedentes en el pasado y explicó que el hecho de que se abran investigaciones entre administraciones «es algo normal, aunque no frecuente». La Junta de Castilla y León tiene un mes de plazo para recurrir la notificación de la Comisión Europea sobre la apertura de una investigación, que fue hecha el pasado 21 de febrero ante la Embajada española en la UE. Una vez presentado este recurso, el proceso administrativo puede alargarse bastante en el tiempo, por lo que la Junta también va a instar al Estado para que trate de agilizarlo. Más de 18 meses En este largo procedimiento también hay un plazo para que se realicen observaciones por parte de terceros. En este sentido, el propio Vallvé anunció que los sindicatos y las empresas mineras de Castilla y León podrían comparecer en el proceso para defender la postura de la Junta. La estimación de la propia Comisión es que todo el proceso dure 18 meses, que pueden ampliarse a otros dos más a petición de España.