Paga Madrid, pero rentabiliza Valladolid

La puesta en vigor del plan de carreteras de Castilla y León para el periodo 2002-2007 ya dio que hablar hace algo más de un mes, cuando se conoció un informe de los técnicos de la Diputación de León en el que ponían de manifiesto numerosas carencias y errores; entre ellas, que las cuencas mineras reciben sólo fondos del Plan del carbón, si se exceptúan las partidas para mantenimiento -imposibles de financiar con fondos mineros- y la variante de Prado de la Guzpeña. Los técnicos de la institución provincial señalaban además el «determinismo geográfico» de estas partidas, accesibles para poco más de un tercio de la provincia, que en cambio concentra el 56,5% de la inversión. Del informe se deducía que las partidas para revitalizar las cuencas suponían el 21% de la inversión en toda la comunidad y que constituían la práctica totalidad en la red de las zonas carboneras de León y Palencia. El resto de León se debe conformar con menos de la mitad de la inversión, a pesar de contar con más kilómetros y constituir, geográficamente, el grueso del territorio leonés y de la red de la Junta: 34 de las 59 actuaciones previstas, que sólo llevan 110 de los 243 millones de euros. Otro aspecto a destacar es que el Plan del carbón concluye, si el Ministerio de Economía no lo prorroga, en el 2005: significaría que las cuencas no tendrán inversiones entre ese año y el 2007. Sindicatos y partidos de la oposición pusieron el grito en el cielo, sin ningún éxito. Los agentes sociales amenazaron con no permitir incluir en los fondos mineros carreteras que la Junta prevé afrontar, con dineros que no son suyos (llegan desde Madrid con cargo al Instituto del Carbón) para obligarle a cumplir el principio de complementar las actuaciones ordinarias con estos otros fondos extraordinarios.