Economía advirtió durante tres años a la Junta sobre sus ayudas a las minas

Los gobiernos central y autónomo, los sindicatos y la patronal minera ocultaron durante este tiempo una advertencia que ahora reconocen algunos de los agentes sociales y empresariales del sector minero. Los responsables sindicales de UGT y CC.OO. en Castilla y León que acuden regularmente a las comisiones de seguimiento del Plan del carbón y algunos empresarios, reconocieron ayer a Diario de León que el secretario de Estado de la Energía, José Folgado, y sobretodo la directora general de Política Energética y Minas, Carmen Becerril, vinieron advirtiendo desde hace tres años a los responsables de Industria de Castilla y León sobre la incompatibilidad de sus ayudas a las minas con las que otorga el Estado. Pero, reconocen las mismas fuentes, ni la Junta ni el Ministerio actuaron para evitar que Bruselas acabara pidiendo que se devolvieran por sumar más de lo autorizado en el marco europeo regulador de las subvenciones. Energía se desentiende El jueves este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Economía para conocer su valoración de la investigación y saber qué pasos está dando para responder al procedimiento de investigación contra los incentivos mineros de Castilla y León: ante la CE es el único interlocutor válido y responsable a todos los efectos, y a quien dirige el expediente. Un portavoz de la Secretaría de Estado de Energía contestó: «No hay nada que comentar, es un problema de la Junta de Castilla y León». Le Gobierno central deja totalmente en manos del autonómico la resolución de un problema que también le compete. Será quien tenga que tramitar el recurso que haga la Consejería de Industria y quien lo presente como propio. Incluso tendrá que aplicar la devolución de las ayudas si finalmente Bruselas confirma que no se ciñen a la normativa europea: deberá deducir las cuantías que reclame la CE, más los intereses devengados, de las siguientes subvenciones Estatales a las empresas afectadas Preocupación en el sector El secretario general de la FIA-UGT de Castilla y León, Manuel López, aunque reconoce que «todos lo sabíamos» se pregunta por qué la Junta no corrigió la concesión de ayudas cuando se lo advirtieron desde Madrid. Considera grave que el Ministerio se desentienda ahora, cuando es corresponsable «antes y ahora». Advierte que al final los más afectados van a ser los mineros de unas empresas que se van a ver en situaciones económicas límite. «Parece que hay una connivencia de Madrid y Valladolid para cargarse al sector: si se paralizan las ayudas acabarán con las empresas pequeñas», advierte el ugetista. El líder de FM-CC.OO. en León, Alberto González Llamas, carga sobretodo contra Economía: «No pueden descargar toda la responsabilidad en la Junta; debe, y debió, supervisar un problema de estas características». «Sabemos cómo quiere interpretarlo todo Bruselas, restrictivamente; y el Gobierno de España no se puede inhibir, es el único interlocutor con la Comisión y no puede convertirse en un simple transmisor del correo: tienen una responsabilidad y no debe mirar para otro lado», añade. El de Comisiones señala que la dirección estatal del sindicato ya ha tomado iniciativas para contactar con cargos de Bruselas y tratar de ayudar a la Junta, a la que mantiene el apoyo insistiendo en que actuó «de buena fe» y que la autonomía de competencias de las comunidades no puede ser un óbice para no intervenir. Por su parte, los empresarios consultados coinciden en que este problema supera a la Consejería de Industria y que en todo caso el Ministerio de Economía debe implicarse a fondo para solventar el expediente; incluso moviendo hilos políticos con la responsable de la investigación: Loyola de Palacio, comisaria de Energía y destacada miembro del PP.