Las Cortes rechazan adelantar la discusión de la reserva y el plan minero

De acuerdo en la filosofía pero no en los términos. Así se mostró ayer el grupo parlamentario popular, que presentó una enmienda de sustitución a la iniciativa socialista en defensa del sector del carbón. En primer lugar, el portavoz popular, Javier Marqués, criticó las propuestas del PSOE «por no referirse a los intereses mineros de Castilla y León y de sus empresas», sino que parecía «copiada de las iniciativas que se presentan en Madrid». En segundo lugar, Marqués, quien arremetió contra la gestión que el anterior Gobierno socialista realizó en materia de minería, afirmó que el actual Gobierno de la nación sí que está trabajando en la defensa del sector, por lo que el PP «no necesita presentar una proposición no de ley, sino que lo que intentamos es mejorar la suya». Por su parte, la procuradora socialista por León Charo Velasco recordó que en su momento, «si alguien defendió el sector y pidió fondos a la UE fue el PSOE, que era el que gobernaba». Respecto a la iniciativa presentada ayer en las Cortes, Velasco reiteró que el PSOE no acepta en absoluto la reducción de un millón de toneladas de la actual producción de carbón, algo que el PP ha comunicado unilateralmente ante la UE, según denunció. En este sentido, la socialista reclamó al PP «más humildad para sentarse a negociar con los sindicatos», los cuales mantienen la huelga anunciada para los días 8 y 9 del próximo mes de abril. Reserva estratégica Igualmente, Charo Velasco afirmó que no entendía la intención del PP de esperar hasta el 2004 para negociar la reserva estratégica de carbón, cuando esto es algo que «se puede empezar a negociar ya mismo». Según sus palabras, también habría que comenzar a pensar ya en un nuevo Plan del carbón -que sustituiría al actual tras el año 2005- y «plantearse si los fondos que se reciben se están aplicando y se están obteniendo los resultados que se preveían». Esto último es algo que también habría que realizar con la Ley de Actuación Minera, que fue consensuada entre PP y PSOE, puesto que «no se han cumplido muchos de los compromisos que se hicieron», como la adicionalidad de los fondos o el seguimiento de las inversiones, según denunció Velasco.