La patronal, dispuesta a unirse a la huelga contra el Gobierno

UGT y CC.OO. anunciaron esta semana que si el ejecutivo no les da garantías de cambios en la aplicación del Plan del carbón y del Reglamento europeo de ayudas, convocarán un paro general para el 8 y el 9 de abril. La situación de las empresas mineras es «apurada» a día de hoy y será «insostenible» si el Ministerio de Economía no varía criterios y políticas carboneras para el futuro inmediato, advierte la patronal: «Esto ya está al rojo, y vamos a ver lo que ocurre, porque pueden ser cosas fuertes e importantes». El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Minas de Antracita (Apema), Manuel Lamelas Viloria, explica que los sindicatos «están defendiendo el pan de los trabajadores, pero ahora no es el de ellos solos». El patrono minero añade que ante una situación tan dura como la actual no sólo puede no quedar otra salida que la protesta conjunta -algo que no tiene precedente en la historia minera ni en la leonesa- sino que sería conveniente la movilización «de todas las cuencas». «Nos quieren cerrar» «Nos quieren cerrar, parece que molestamos. Dicen -en referencia a Madrid y Bruselas- que el carbón no hace falta, y que se cierren las minas», asegura Viloria. Por eso, «habrá que hablar» con los comerciantes, resto de empresarios, agentes y fuerzas de las cuencas, «porque también les afecta a ellos». El argumento es de sobra conocido: la falta de alternativas dejaría sin fuente de riqueza a las cuencas; cada minero da vida a entre otros tres y cuatro puestos de trabajo indirectos. Una voz autorizada Este inopinado llamamiento de la patronal minera a toda la ciudadanía de las cuencas para que se una a la protesta si es necesario realizarla -los sindicatos no tomarán la decisión definitiva hasta ver el resultado de otra reunión prevista para el día 18 con el Gobierno- cobra más valor si se tiene en cuenta que Manuel Lamelas Viloria no sólo preside Apema: ocupa el mismo cargo en la Cámara de Comercio e Industria y es vicepresidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). «Que el Gobierno hable con claridad», pide. El empresario, que la semana pasada ya rompió un largo y tradicional silencio de la patronal carbonera para protestar por las trabas que les pone el Ministerio (ya argumentó que lo que pretendía era que cerraran), recuerda que siguen sin cobrar las subvenciones de este año, y «son el 50% de los ingresos». Añade que las incertidumbres y los problemas son constantes: primero el fin de la Ceca y las dificultades para lograr un nuevo reglamento que permitiera las ayudas; después el retraso de estas y la negativa gubernamental a certificárselas para pedir créditos; y ahora en vez de la reducción del 4% anual de las subvenciones que se venía aplicando «quieren aplicárnoslas grupo por grupo». «¿Hasta dónde aguantaremos?», pregunta. Apunta que se les ha obligado a reducir por encima de lo previsto la producción, que ya está un millón de toneladas por debajo de lo fijado para dentro de dos años. Una cifra de producción que, calcula Viloria, suponen que el Estado deja de desembolsar 72 millones de euros (12.000 millones de pesetas) anuales por ello, que superan el porcentaje de reducción de ayudas del 4% previsto, y que no se tiene en cuenta. Además, la patronal reflexiona sobre el argumento de que el carbón, porque recibe ayudas, no es rentable: «Entonces sobrarían otras cosas como la agricultura, los coches, las nucleares... ¿Son rentables sin subvenciones?».