Los leoneses realizaron 614 consultas en el Teléfono de Consumo de la Junta durante el 2002
Durante el pasado año 2002, primero en el que comenzó a funcionar el teléfono de consumo de la Junta, se atendieron 8.714 consultas de ciudadanos, de las cuales, 614 correspondieron a la provincia de León. Esto supone un 7% del total de consultas realizadas, lo que convierte a León en la cuarta provincia de la comunidad en cuanto a interés por asuntos relacionados con el consumo, con cifras muy similares a las registradas en Burgos y Salamanca. Muy por encima de esta la media se sitúa Valladolid, que abarca ni más ni menos que la mitad de las consultas sobre consumo que se realizaron el año pasado, según destacaron ayer el consejero de Industria, José Luis González Vallvé, y la directora de Comercio, Emiliana Molero. Las cuestiones que han generado un mayor número de consultas entre los consumidores castellanos y leoneses han sido la vivienda, con más de un 20% del total de llamadas realizadas; el comercio, con el 17%; la telefonía, con el 11% y los servicios bancarios y de seguros, que protagonizaron algo más del 8%. Otras materias menores fueron, por ejemplo, las academias de idiomas, sobre las que se realizaron el 2% de las consultas, la mayoría de las cuales referidas al cierre de las academias de Openining. En cuanto al periodo en el que se realizaron, los meses de verano de junio y julio y en menor medida los de noviembre y diciembre acapararon el mayor número de llamadas. El 22% del número total de consultas realizadas durante el año pasado correspondieron a zonas rurales Recurso contra la CE Por otro lado, el consejero de Industria, Comercio y Turismo confirmó ayer que la Junta acaba de presentar el recurso contra la investigación que la Comisión Europea anunció que abriría a las ayudas a empresas mineras concedidas por la comunidad de Castilla y León durante los años 2000, 2001 y 2002. El recurso, que ha contado con la participación del Ministerio de Economía y de las empresas y sindicatos mineros, se ha presentado algunos días antes de la fecha tope, que vencía el próximo 21 de marzo. Según Vallvé, esta diligencia y el hecho de no haber pedido una prórroga responde a la «filosofía» que la Junta ha seguido en este asunto desde el primer momento, ofreciendo toda la información disponible.