Los Verdes denuncian prevaricación en las obras del gasoducto roblano

«La consejería de Industria ha dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo es en relación al gasoducto La Robla-Guardo, perjudicando con ello intereses públicos y privados». Así de contundente se mostraba ayer el presidente de la coalición CDS-Los Verdes en León momentos antes de presentar una denuncia contra el consejero de Industria, José Luis González Vallvé, «que autorizó el proyecto»; el director general de Industria, Energía y Minas, Luis Carlos Escudero, «que aprobó la resolución», y el jefe de servicios de Energía, José García Marqués, «que dio luz verde al informe». El líder del CDS-Los Verdes en León ve claros indicios de prevaricación en la adjudicación del proyecto del gasoducto que unirá La Robla con la localidad palentina de Guardo a la empresa Septentrional del Gas S.A., adquirida por Hidrocantábrico en el mes de enero. La autorización fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de septiembre y la aprobación del proyecto fue sometida a información pública el 27 de noviembre en el mismo diario oficial. Favoritismo a la adjudicataria Para José Roberto López se ha dado luz verde la obra y se ha iniciado el proceso de expropiación de fincas «sin que se haya presentado el preceptivo informe de impacto ambiental preceptivo a cualquier autorización», lo que a su juicio constituye un claro favoritismo hacia el grupo adjudicatario. En la denuncia se asegura que el trayecto aprobado en el proyecto cruza sobre captaciones de aguas de abastecimiento en varias poblaciones «con el consiguiente riesgo de contaminación de aguas potables» y que obstaculiza el proceso de concentración parcelaria en varios pueblos. López asegura que la Consejería todavía no ha respondido a las alegaciones presentadas por estos motivos por las localidades de Acisa y Barrillos de las Arrimadas. El favoritismo que, a juicio del CDS-Los Verdes, existe desde el departamento de Industria de la Junta hacia el grupo de empresas autorizadas a construir el gasoducto está permitiendo a Hidrocantábrico «incumplir la legislación de riesgos en la conducción de gas y conseguir un trayecto a su medida», que para la coalición no sólo ha sido aprobado sino que ya se está procediendo a fijar estacas para establecer el itinerario. Por estas razones, el objetivo que se plantea la coalición con la denuncia «es paralizar el proyecto para fijar un nuevo trayecto que no afecte ni al abastecimiento de agua ni obstaculice el proceso de concentración parcelaria» en los pueblos por los que transcurre, según José Roberto López, que aseguró no encontrase en contra del gasoducto.