La Diputación extiende la asistencia a domicilio a todos los municipios

El área de bienestar social de la Diputación provincial está dando las últimas pinceladas a lo que será uno de sus proyectos más ambiciosos por la repercusión que tendrá en los colectivos de discapacitados y de la tercera edad: la extensión a todos los municipios de la provincia de la asistencia a domicilio. La Diputación destinará anualmente más de 3.614.000 euros, unos 600 millones de pesetas, en la asistencia a domicilio, lo que supone que el servicio pasará a representar un 10% del presupuesto total del área de bienestar social, triplicando la partida del año pasado. Agustín García Millán, responsable del área de bienestar de la Diputación y artífice del nuevo plan de asistencia a domicilio, considera que la ampliación del servicio y el consiguiente incremento del presupuesto «habla bien a las claras de la repercusión social y económica que tendrá la apuesta de la Diputación». La institución provincial se planteó al principio de la legislatura que está a punto de expirar ir extendiendo progresivamente en toda la provincia la asistencia a domicilio, que en ese momento sólo se prestaba en 36 ayuntamientos de la mano de tres empresas especializadas y en otros 40 a través de gerencia directa. En el 2002 la asistencia a domicilio se extendió a cuarenta municipios más, momento en el que Bienestar social se planteó definitivamente ampliar el servicio a los 208 municipios de toda la provincia y liberar a los ayuntamientos del coste económico. Críticas al PSOE Bienestar social adjudicó hace unas semanas a la UTE Clece-Begar la gestión de la asistencia a domicilio en León-Este y a Carflor la zona oeste de la provincia. Millán insiste en que esta adjudicación a empresas privadas «no es en absoluto una privatización encubierta, como ha dicho el PSOE», partido al que el diputado culpa de haber «impedidos el funcionamiento del servicio a pleno rendimiento». Agustín García Millán asegura «que ésta es la mejor forma de optimizar el servicio», ya que ni las instituciones públicas -ni la Diputación ni los ayuntamientos- serían incapaces de asumir el despliegue logístico que conlleva poner en marcha un servicio como este en más de 200 municipios. No obstante, García Millán insiste que la calidad de la asistencia está garantizada gracias al control de la gestión y a la fiscalización del gasto que la Diputación realizará sobre las empresas.