La MSP acaba de pagar su deuda y zanja una década de quiebra latente

La comisión de seguimiento del convenio de acreedores de la MSP celebra hoy en Villablino la que previsiblemente será su última reunión, ya que el primer punto del orden del día es dar por finalizada la quiebra de la compañía minera después de que han cobrado el último plazo de la deuda histórica que la empresa mantenía con ellos. De aprobarse este acuerdo, la MSP pondrá fin a casi una década de quiebra latente, ya que aunque la intervención judicial estricta se levantó en julio de 1994, desde entonces y hasta hoy la compañía ha estado sometida a una amenaza cierta de desaparición, ya que en el caso de haber incumplido con alguno de los pagos de la deuda que se acordó en el convenio, el juez volvería de inmediato a intervenir la compañía, y esta vez no nombraría a un comisario gestor, sino a unos liquidadores que se encargarían de repartir entre los acreedores lo que obtuvieran por lo que quedara de los activos de la empresa. Un caso sin precedentes El caso de la quiebra de la MSP que hoy se cierra definitivamente no tiene precedentes en la historia mercantil española, ya que es la única empresa que ha mantenido su actividad después de una declaración de quiebra, y ha superado este proceso concursal para volver a la normalidad, una circunstancia que se antoja más insólita cuando se trata de una compañía minera y cuando la etapa en la que se producen los hechos constituye el periodo de mayor crisis e incertidumbre para la industria carbonera. El proceso que hoy se cierra se remonta al siete de julio de 1993, cuando una juez de Madrid dicta, a instancia de Cajastur, la quiebra de la MSP por unas deudas vencidas con esta entidad financiera por importe de 2.057 millones de las antiguas pesetas. Este paso se dio después de muchos meses de serias dificultades de tesorería durante los que los antiguos accionistas mayoritarios se negaron reiteradamente a inyectar capital a la compañía. Pese a la quiebra, la juez ordenó mantener la actividad en la compañía y nombró a un comisario-interventor, Francisco Prada, que durante un año se convirtió en el gerente de la compañía carbonera de Laciana, cuya presidencia provisional del consejo estuvo ostentada por uno de los acreedores, el comerciante ponferradino Eladio Almarza. Paralelamente, Caja España -presidida entonces por Ángel Villalba- tomó la iniciativa para diseñar un convenio de acreedores y controlar provisionalmente la compañía. La maniobra que diseñó la entidad financiera fue una operación acordeón, por la que el capital social se reduciría en un 80% para posteriormente ampliarse en 2.000 millones de pesetas. De este modo, si los antiguos gestores no aportaban el capital adicional, perderían el control del consejo en favor de la caja. Los accionistas aceptaron la operación y Caja España pasó a buscar un empresario minero dispuesto a hacerse cargo de la empresa a cambio de asumir esa ampliación de capital y la deuda con los acreedores. El empresario fue finalmente Victorino Alonso, aunque fueron muchos los que mostraron su interés por una empresa quebrada. Tras aprobar los acreedores el convenio, la juez levantó la intervención judicial de la MSP, aunque la quiebra concluirá hoy.