La otra cara de la justicia

Posteriormente, los juzgados se trasladaron al consistorio lacianiego debido a una avería que anegó las instalaciones. Desde hace casi una década las dependencias judiciales se ubican en un bajo de la Plaza de Europa, donde trabajan, además de la jueza, una secretaria, dos oficiales, tres auxiliares y un agente judicial. Los cinco funcionarios que ocupan la oficina judicial denuncian el hacinamiento que sufren al tener que trabajar en una sala de dimensiones reducidas y con mucho tránsito de personas, en la que, según apuntan los afectados, «las mesas se encuentran pegadas unas a otras y no hay apenas espacio para poder circular por el pasillo existente entre ellas». En este sentido, uno de estos trabajadores puntualiza que «cuando viene una persona a realizar cualquier diligencia tiene que permanecer de pie porque no hay sitio para colocar una silla y el pasillo es tan reducido que una persona corpulenta no puede acceder al interior, ni hay espacio para que pasen dos personas al mismo tiempo». El hacinamiento que aseguran sufrir en la oficina judicial también se ve reflejado en la falta de espacio en los archivos, por lo que tienen que apilar los pleitos sobre las mesas e improvisar estanterías utilizando cajas sobre el suelo. En cuanto al trámite de los procedimientos, uno de los funcionarios explica que «las secciones de civil y penal están juntas en esta oficina, cuando en todos los juzgados se encuentran separadas, y el agente judicial tiene que recibir la gente aquí, a pesar de que debería tener asignada una dependencia a la entrada para ese fin. Todo ello entorpece la labor del resto de funcionarios ya que es muy difícil concentrarse para trabajar». Otra de las trabajadoras del juzgado lacianiego señala como dato curioso que «en uno de los pasillos llevan más de un mes las cajas en las que estaban embalados los ordenadores y teléfonos nuevos, sin olvidar los numerosos efectos intervenidos por las diligencias que se instruyen, y que por falta de una estancia específica, se tienen que almacenar en una sala destinadas a archivo, cuya capacidad está al límite». Es de lo más común, apunta otro, «ver un viernes en los pasillos a los invitados de una boda al lado de la pareja de la Guardia Civil con un esposado o ir a por una partida de nacimiento y escuchar la declaración que está prestando otra persona, lo que pone de manifiesto la falta de intimidad de las dependencias judiciales». Los malos olores también afectan a las instalaciones, afirma otro funcionario, «ya que por debajo de la sala de vista y del despacho de la juez pasa un registro del alcantarillado que en los meses de calor provoca un olor muy desagradable en todo el recinto». Abogados y procuradores Los abogados y procuradores que habitualmente realizan su trabajo en el juzgado de Villablino es otro de los colectivos afectados por la falta de espacio en las instalaciones. Estos profesionales se ven obligados a utilizar el despacho donde en médico forense realiza los reconocimientos porque carecen de sala propia. El día que el forense acude al juzgado, los letrados tienen que utilizar los pasillos o la calle para llegar a cualquier acuerdo con la otra parte o repasar con su cliente los pormenores del juicio que se va a celebrar, por ejemplo. Otros funcionarios incluso temen por su seguridad personal ya que, según aseguran, «el juzgado no cumple la normativa de seguridad e higiene puesto que carece de salida de emergencia, sólo hay una puerta de acceso, las ventanas tienen rejas, debido a varios intentos de robo, y si un día se produce un incendio morimos todos asfixiados sin poder salir». Por todo ello, los funcionarios del juzgado lacianiego reivindican una ampliación de las instalaciones o el traslado a un edificio de mayor extensión. Explican que «es una pena que habiendo numerosas dependencias vacías, como el antiguo ambulatorio o uno de los bloques del colegio Generación del 27, el juzgado tenga que estar en un local casi interior». El juzgado de Villablino cuenta con un volumen importante de trabajo, dado el número de habitantes de la zona. El pasado año incoó 1019 diligencias previas de materia penal, de las cuales 20 fueron por robo, 165 por hurto y 10 por maltrato familiar, desembocando en 54 procedimientos abreviados y 184 juicios de faltas. Respecto a los procedimientos civiles, se presentaron 467 demandas, de ellas 47 trataron sobre asuntos de familia.