Asturias amenaza a la Sepi con bloquear la privatización de Aucalsa

Asturias está en contra de la privatización de la autopista, y más aún desde la ampliación de la prolongación del peaje en la doble calzada del Huerna hasta el año 2050 para así dar valor a la autopista a la hora de proceder a su privatización. Para el Gobierno de la Junta del Principado esta ampliación -el pago por tránsito en la A-66 debería haberse retirado en el año 2008- es un agravio que lastra «gravemente» el desarrollo de Asturias. «Se trata de una agresión irreversible a nuestros intereses que deja a Asturias en situación de desigualdad de oportunidades frente a otras comunidades», manifestó hace unas semanas a La Voz de Asturias la consejera de Presidencia asturiana. Para ella resulta del todo contradictorio el mantenimiento de ese peaje «en una región con déficit de comunicaciones como ésta». Falta de transparencia El Principado se basa en una supuesta falta de transparencia de la Sepi e invasión de competencias autonómicas para bloquear la venta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) o para sacar de la operación a Aucalsa, dependiente de ella. Según el Gobierno asturiano, la Sepi no solicitó un informe previo sobre carreteras obligatorio en este tipo de casos. En esto se basan los asturianos para intentar que la A-66 no se privatice, ante el miedo a que aumente el importe del peaje cuando se encargue de su gestión una empresa privada. «Se trata de un claro incumplimiento y de un ejemplo de deslealtad institucional», destacó Ramos al rotativo asturiano a la vez que exigió más transparencia a la Sepi para que le envíe la información necesaria para que el Ejecutivo del Principado pueda ejercer las competencias que les correspondan. Respuesta al envite Por su parte, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Ignacio Ruiz Jarabo, consideró el jueves pasado que la postura de Asturias era «un ultraje a la lógica», según reflejó ayer La Nueva España. El presidente del holding estatal negó que se haya infringido la ley al no haber contado con la comunidad autónoma durante el proceso de venta. «No hay motivación jurídica ni empresarial», explicó al rotativo asturiano. Ruiz Jarabo aseguró que el documento enviado por el Gobierno asturiano en forma de requerimiento «no soporta una lectura inteligente, es lacerante» y afirmó que la Sepi seguirá adelante con el proceso de privatización.