La auditoría del matadero descarta irregularidades desde el año 1986

La auditoría del matadero realizada a petición de una decena de accionistas de la sociedad gestora de las explotaciones, Mafricas S.A., no halló irregularidades en la marcha de la empresa desde el año 1986 ni en las cuentas del ejercicio 2002, según confirmaron ayer fuentes del consejo de administración y del Ayuntamiento de Astorga, que posee el 51% de las acciones. La auditoría fue solicitada en febrero, con cargo a Mafricas, con los argumentos de que los peticionarios desconocían sus cuentas reales, hallaban lagunas en la gestión y contabilidad a lo largo de los años de existencia de la sociedad, y calculaban que la deuda de la misma podía superar los cuarenta y ocho mil euros. La asamblea general ordinaria de la sociedad, que se celebró en la tarde del miércoles, dio cuenta de los resultados de la auditoría y aprobó por unanimidad de los presentes y mayoría absoluta del accionariado las cuentas anuales del 2002 -que fueron analizadas por los técnicos de una consultora ajena a Mafricas, a petición del Registro Mercantil de León- y la gestión del consejo durante el pasado ejercicio, siempre según fuentes de la entidad. La reunión contó con representación de la mayoría de los socios del gremio de carniceros, que en algunos casos recurrieron a personas delegadas y autorizadas a asistir a la asamblea mediante un poder, así como del Ayuntamiento. Desconocer el resultado Las mismas fuentes aseguraron a este periódico haber consultado a gran parte de los peticionarios de la auditoría que, según la versión facilitada, desconocían el resultado de la misma y no habían solicitado una copia con anterioridad a la reunión anual. En la documentación analizada por la consultora figuran facturas, libros de actas -entre ellos los que solicitó el grupo municipal del PP tras hacerse pública la petición de la auditoría- y documentación diversa desde el año 1986, así como las cuentas del pasado ejercicio. El coste de la labor de revisión de toda esta documentación, en la que trabajaron seis personas, podría superar ampliamente los doce mil euros, dado que el consejo de administración deberá evaluar los gastos derivados de las preceptivas gestiones que acompañaron a la propia auditoría, que se suman al primero. La cantidad final deberá ser asumida por la sociedad, ya que los accionistas peticionarios tenían el derecho legal a solicitar la intervención de una consultora.