La UPL denuncia que el PP recurrió a un tránsfuga para ocultar un escándalo

El secretario local de la UPL en Soto de la Vega, Lorenzo Castro López, aseguró ayer a este periódico que «el objetivo del PP al integrar en su equipo de gobierno a Felipe Miguélez -que fue el número dos de la candidatura leonesista a las pasadas elecciones municipales- tiene como objetivo que no se conozca el caso de la Melcona » y que los leonesistas del municipio «estamos dispuestos a crear una comisión para afrontar los gastos que genere el proceso judicial por este asunto». El supuesto escándalo de «la Melcona» se refiere a la venta de unos terrenos que dejó en usufructo a sus sobrinos Maximina Melcón, para que, una vez fallecidos estos, las parcelas se empleasen para la construcción de un asilo para ancianos desamparados. De los usufructuarios continúa vivo en la actualidad uno de ellos, que habría vendido parte de estos terrenos -siempre citando a la misma fuente-, cuando sólo tiene derecho al disfrute de los mismos. Además, tras la muerte de Maximina Melcón -alias «la Melcona», que tiene un calle dedicada con este apodo nada más se entra en el pueblo de Soto-, se creó Asilo para Ancianos Desamparados, Fundación de Maximina Melcón, tal y como establecía en el testamento, cuya junta de gobierno componen el alcalde de Soto de la Vega, el juez de paz del término municipal y el párroco de Soto, en calidad de presidente. Albaceas La UPL considera que los miembros de esta junta de gobierno actúan «como albaceas del testamento», por lo que en el caso de un mal uso de los bienes por parte del usufructuario, violarían la ley al ser los encargados de que se cumpla la voluntad Maximina Melcona. Los leonesistas aseguran que, tras el proceso de concentración parcelaria de 1972, el único usufructuario vivo recibió un total de nueve fincas de reemplazo con el carácter de bienes privativos y que en 1981 registró los títulos de propiedad de las mismas, por lo que habría incurrido «en una apropiación indebida». Los terrenos de la herencia se encuentran en los pueblos del municipio de Soto de la Vega, en Santiago de la Valduerna, San Mamés de la Valduerna y en los términos municipales de Regueras y Valdefuentes y su superficie total asciende a 14,2 hectáreas y, en el año 2000, los grupos municipales del PSOE y la UPL tendrían conocimiento de la venta de algunas de ellas. El registro de las propiedades se produce con Evaristo Mantecón, actual miembro del equipo de gobierno del PP en Soto de la Vega, en el cargo alcalde. En algunos casos, algunos de sus familiares compran las fincas en usufructo, siempre según la versión de los hechos de Lorenzo Castro, por lo que se estima que el entonces alcalde «conocía la existencia de un delito y no lo comunicó a la justicia», una de los supuestos que en el Código Penal se tipifica como prevaricación. La UPL también pide que hagan frente a sus responsabilidades legales, en caso de que existan, el párroco de Soto, el juez de paz y el alcalde, en calidad de albaceas testamentarios y explica que «no tenemos nada contra quienes compraron las fincas». Un caso en la sombra Los grupos municipales del PSOE y la UPL en Soto de la Vega -al último de ellos pertenecía Lorenzo Castro- pidieron un pleno extraordinario al conocer la venta de las fincas que, aseguran, están en usufructo, en marzo del año 2000. En la sesión se acuerda pedir informes sobre las fincas originas, las que las reemplazaron tras la concentración parcelaria, los títulos y el carácter con que se adjudicaron. El secretario de la corporación solicitó, según el acta del pleno aportada -el documento carece de sello-, que se pidiera un informe a un catedrático de Derecho Civil, sugerencia que no salió adelante con los votos del PP. El caso no ha salido a la luz pública hasta este año.