El Ayuntamiento firma la cesión del palacio a una fundación

El Ayuntamiento de Grajal de Campos y la Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago firmaron en la mañana de ayer un convenio por el cual se comprometen al desarrollo turístico de uno de los principales puntos del sur de la provincia, y que incluye la cesión del palacio de los condes de Grajal. Con la firma del convenio, realizada por el alcalde de la localidad, Francisco Espinosa, y la secretaria general de la Fundación, Ana Casis, se ha dado el primer paso para el relanzamiento, promoción y mantenimiento del rico patrimonio que atesora la villa. El documento recoge la gestión del edificio, cedido por el Ayuntamiento a la Fundación, y su desarrollo mediante proyectos que permitan hacer de esta localidad un espacio donde compartir el amplio patrimonio artístico, al amparo del entorno europeo de la ruta jacobea. La Fundación Instituto Europeo Camino de Santiago pretende destacar todo lo relacionado con la conservación, mantenimiento y promoción del Camino de Santiago en localidades de escasos medios y difundir y promover actividades culturales. El uso de unas instalaciones, la recuperación en su mayor parte del conjunto y dotar a los espacios restaurados de servicios y comodidades, son los objetivos de la Fundación. Además estarán en contacto con entidades como las universidades de León, Valladolid y Navarra y la asociación para el desarrollo Adescas. El alcalde, Francisco Espinosa, manifestó que se está ante un gran momento para la villa: «Esta cesión y colaboración será el revulsivo que necesitaba Grajal, sin duda encaminado en hacer nuestra villa más conocida en ese futuro llamado turismo rural». Lucipino Rodríguez, diputado provincial, declaró que «todos debemos lograr que Grajal mire al turismo como uno de los principales resortes económicos del mundo rural». Antonio Alonso Cortés, presidente del Centro de Inciativas Turísticas (CIT) de Grajal, manifestó que todo lo firmado en relación a la cesión del palacio y el trazado de la ruta de los abades carece de legalidad. Como consecuencia el CIT considera la cesión del palacio «un capricho decisorio en la que no se ha tenido presente el consultar a los propios vecinos».