Antonio Arias asegura que el consistorio le ha anulado el contrato por desahucio administrativo
El arrendatario del cámping acusa al Ayuntamiento de prevaricación
El establecimiento no puede abrirse al público «porque se encuentra en situación ilegal»
El portavoz de la empresa «Narsil SL.», Antonio Arias Tronco, al que el Ayuntamiento de Villablino adjudicó el pasado año las instalaciones del camping municipal El Guadeño, ha acusado a los actuales responsables del consistorio lacianiego de haberle estafado, y anuncia que va a iniciar acciones judiciales contra ellos por un presunto delito de estafa, prevaricación y mala fe. Según aseguró, el Ayuntamiento ha anulado su contrato de arrendamiento, mediante desahucio administrativo, por un supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato de alquiler, aunque él insiste en que no puede abrir al público las instalaciones, porque se encuentran en situación ilegal, «y no tiene ni un solo papel en regla». El adjudicatario del camping afirma que el alcalde de Villablino Ángel Crespo le había solicitado «como un favor personal», que cediera las instalaciones del camping El Guadeño a la institución municipal para poder cumplir un compromiso con la Universidad Carlos III, y permitir que la colonia de alumnos de la universidad madrileña se estableciera en el camping entre los días 15 y 30 de julio. Por este motivo, la empresa «Narsil» y el alcalde firmaron un contrato por escrito ante la presencia del secretario municipal en el que se permite la cesión de uso al ayuntamiento durante este periodo, con el compromiso de devolución de las llaves al arrendatario el día 30 de julio, y otra serie de condiciones como no ejercer ninguna actividad lucrativa, devolver las instalaciones en perfecto estado de uso o hacerse cargo de los gastos ocasionados por la apertura improvisada. El contrato no se cumplió, pero además Arias afirma que ayer recibió un aviso del Ayuntamiento advirtiéndole que se le había anulado el contrato de arrendamiento por incumplimiento de las condiciones del mismo, mediante un decreto de desahucio administrativo. Según dice, el nuevo alcalde «ha abusado de mi buena fe, incumpliendo su palabra, pero además ha incumplido un contrato firmado por escrito».