La agrupación Pozo Grajero exige el rescate de seis represaliados

Perdonar, pero no olvidar. Ese es el lema que alimenta a los integrantes de la agrupación Pozo Grajero, que luchan por localizar al millar de represaliados republicanos que se calcula que aún continúan como anónimos en fosas comunes, prados y cementerios de la provincia. La última acción de Pozo Grajero se centra en la localidad de Boñar. A través de una moción, acaban de solicitar al Ayuntamiento que otorgue los permisos oportunos para que los restos de cuatro fusilados republicanos que permanecen en el cementerio y los de otros dos sepultados en el cerro Pormayor, de Vegamián, puedan ser rescatados, identificados y entregados a sus familiares. Dado el volumen de trabajo que aún falta por hacer en la provincia, la agrupación opta por dejar los restos de los asesinados donde se encuentren actualmente, pero identificando claramente por qué, quién y cuándo fueron asesinados, según explicó ayer Mario García Osorio. «Nuestro objetivo -aclaró- no es estar un día con un nombre nuevo aquí y otro allá, pero sí colocar placas, monolitos y señalar claramente la causa de su sacrificio. Preferimos que los restos reposen donde se localicen en lugar de que se trasladen a un osario común. En muchas ocasiones, junto a la persona identificada aparecen muchos más desconocidos y no se puede hacer la prueba del ADN a todos». IU quiere ir más allá, el coordinador provincial, Germán Fernández, asegura que también hay que lavar los antecedentes erróneos de los represaliados. «Mi abuelo -especificó- no puede seguir constando en los archivos estatales como condenado a pena de muerte por ser un delincuente, porque no es un delito ser republicano, y hay que resarcir a las familias de esas injusticias, colocar a las personas en el lugar que les corresponde». Otro de los promotores de la agrupación Pozo Grajero, Julián Morante, considera «triste» que el Estado se siga resistiendo a sufragar los rescates y en cambio aporte dinero, 26.900 euros, para las actividades de una fundación franquista y para recuperar los cadáveres de la División Azul. «Parece mentira -insistió- que el Gobierno francés esté colocando monumentos a los cientos de republicanos españoles asesinados en su territorio y en nuestro país no se haga nada». La agrupación Pozo Grajero apuesta por dotar de un estatuto de protección oficial con titularidad pública a las fosas y a su entorno inmediato con una calificación de Bien de Interés Cultural o histórico. También solicita la identificación didáctica de las fosas con una lápida o monolito y la delimitación perimetral con un muro, un seto o una verja.