Tres pueblos luchan por recuperar las tasas ilegales por la gestión del agua

Los vecinos de las localidades de Felechas, Llama y Colle, pertenecientes al Ayuntamiento de Boñar, siguen a la espera de que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León sobre la gestión del agua potable y que se pague a los vecinos las tasas e impuestos recaudados por el Ayuntamiento de forma ilegal durante años. El censo de afectados es de 148, de los que corresponden 51 a Felechas, 37 a Llama, 23 a Colle y 37 que tienen viviendas en estos tres pueblos pero que en la actualidad residen principalmente en León capital. Los hechos se remontan a noviembre de 1995 cuando el Ayuntamiento aprueba una modificación de ordenanzas fiscales sobre agua y alcantarillado, lo que obliga a los pueblos de Felechas, Llama, Colle, Voznuevo, Veneros y La Bodas a que dejen de llevar la gestión del agua, a través de sus juntas de aguas, y que ésta pasase a gestión municipal. Entonces el Ayuntamiento sacó adelante la propuesta dado que la alcaldesa, Celia Reguero, contaba con mayoría absoluta. Los pueblos deciden presentar una demanda contra el acuerdo plenario del ayuntamiento que entra en vigor a primeros del año 1997. En el pleno del 27 de abril del 2000 el representante de la UPL presenta una moción en la que plantea dar una solución política al agua y no esperar a la sentencia. La propuesta no sale adelante dado que al no asistir al pleno el representante de IU y dos de los independientes, se produce un empate que se deshace en segunda votación dado que el independiente de abstiene al entender que la votación la iba a ganar la alcaldesa, Reguero. El 30 de mayo de 2001 el Tribunal Superior de Justicia falla a favor de los pueblos dejando claro que se tienen que anular los actos administrativos impugnados en cuanto modifican la ordenanza reguladora del precio público del suministro del agua potable. El fallo es parcial dado que sólo afecta a los pueblos de Felechas, Llama y Colle, quedando fuera Voznuevo dado que los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado pertenecen al ayuntamiento desde 1978. En junio del 2001 el pleno acuerda acatar la sentencia y no recurrirla. Así pues los vecinos de estos tres pueblos siguen a la espera de que se restituya la situación a como estaba en 1995 y se les abone las cantidades que el ayuntamiento lleva embargandoles desde 1997 y que en total asciende a unos 74.800 euros. Además entienden que el propio ayuntamiento debe de realizar un nuevo censo sobre el agua que modifique el actual.