El PSOE estudia cómo compensar los ingresos por el IAE en el 2004

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga busca una fórmula que compense la merma de ingresos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por parte del gobierno central, según confirmó ayer el concejal de Hacienda, Joaquín Carro. Los socialistas perfilarán en los próximos días su propuesta de ordenanzas municipales de 2004, que con posterioridad transmitirán a la oposición. Las arcas del Consistorio, que solían ingresar doscientos mil euros en concepto de IAE, perderán en este ejercicio ciento veinte mil -las empresas que facturan más de un millón de euros anuales no están exentas del pago-, señaló Carro. El concejal recordó que el gobierno central se comprometió a compensar a los municipios la supresión de este impuesto en el 2003 ingresándoles el setenta y cinco por ciento de la recaudación habitual en el último trimestre del año y el veinticinco por ciento en el primer trimestre del 2004. Carro supeditó la búsqueda de alternativas a la disminución de ingresos a las medidas que adopte el gobierno central para el ejercicio próximo. Además, el edil aseguró ayer que el PSOE mantiene su compromiso de no incrementar los impuestos y tasas municipales por encima del IPC, y descartó por el momento que, como alternativa al IAE, vayan a encarecer el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una de las ordenanzas con mayor capacidad recaudatoria en el municipio. Los socialistas descartan crear nuevas ordenanzas o modificar de forma importante las ya existentes, con excepción de las adecuaciones a los cambios de normativa, dijo Carro, que abogó por aprobar las tasas del 2004 en noviembre. Gravámenes Además, el edil apuntó que el gobierno modificó los topes que permite aplicar en varios impuestos para compensar la supresión del IAE, entre los que citó los gravámenes del IBI -que sube del 0,95% al 1,16%-, el impuesto de construcciones -del 2,80% al 4%- y los de vehículos y plusvalías. Los socialistas también someterán al Pleno la exención del pago de la contribución por fincas rusticas a aquéllas que tengan un valor catastral entre los trescientos y los seiscientos euros, y menor de estas cantidades, para evitar a los usuarios que asuman recibos por importe de céntimos. Éste ha sido el primer ejercicio en el que se han producido estas situaciones, dado que con anterioridad había un mínimo de valor catastral que estaba exento de la recaudación. En el presente ejercicio el padrón de IBI arrojó una recaudación de 1,5 millones de euros, y el de rústica, de 9.070 euros.